Derechos Humanos - 14bis

Derecho a la Vivienda y Criminalizacion, Carta Publica

2011-08-17T10:13:00.000-07:00

Carta Pública sobre el Indoamericano y la criminalizacion de la Pobreza

Los abajo firmantes deseamos expresar nuestra profunda preocupación en el marco de la reapertura de la causa que fue iniciada en el Fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad contra los referentes de las organizaciones sociales que participaron en diciembre de 2010, en los acontecimientos del parque Indoamericano.

Como es de público conocimiento, luego de días de graves incidentes en los cuales murieron 3 personas, los Gobiernos dela Ciudad y la Nación anunciaron en conferencia de prensa un plan que resolvería el conflicto que le dio surgimiento a la toma: el déficit de acceso a la vivienda en la Ciudadde Buenos Aires. El acuerdo, anunciado el 14 de diciembre de 2010, contemplaba la presentación de un plan integral de viviendas que diera solución a la problemática habitacional de la Ciudad, en un plazo de 120 días. El financiamiento para la implementación del mismo, correría por partes iguales, por cada peso que invirtiera la Ciudad, la Nación pondría otro tanto. Estos anuncios fueron sólo promesas, y hasta ahora no se ha dado a conocer ningún plan que tenga por finalidad hacer efectivas las medidas anunciadas. Además, respecto de las tres personas asesinadas, no ha habido avances que dieran cuenta de quienes fueron los responsables penales de estos hechos.

Sin embargo, sí ha habido avances en profundizar la criminalización de la pobreza y de la protesta social. En efecto, la única política implementada en relación con los sucesos de diciembre pasado consistió en el accionar del Ministerio Público Fiscal iniciando causas penales contra los referentes de las organizaciones que luchan por el acceso a la vivienda. Contrariamente con lo solicitado por la fiscalía, la jueza de primera instancia determinó la inexistencia del delito de usurpación del Indoamericano, bajo el entendimiento de que lo sucedido en diciembre excedía el marco del derecho penal y que se enrolaba en una cuestión social. De esta manera, y a pesar de contar con una resolución judicial que expresamente determina la inadecuación del derecho penal en estos casos, el Ministerio Público Fiscal de la ciudad insiste en juzgar a los referentes sociales que participaron del proceso, apelando la sentencia y solicitando el apartamiento de la magistrada.

Este enfoque y entendimiento de los conflictos no es exclusivo del citado Ministerio. En estos días, la sala I de la Cámara de apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la CABA resolvió que no se apartará a la jueza, pero sí se realizará la reapertura de la causa, ya que si bien en “la gran mayoría de los procesos subyace una cuestión social que puede justificar, agravar o atenuar el reproche penal, empero resulta excesiva esa invocación genérica y voluntarista para agotar, prematuramente, la investigación en torno a los hechos bajo análisis”. Es preocupante que los magistrados de la Cámara entiendan cómo una “invocación genérica y voluntarista” considerar que hay cuestiones sociales que exceden el marco penal en un contexto en el cual más de un 15% de la población de la ciudad no goza de una vivienda digna.

Por todo lo dicho, observamos con profunda preocupación que la única respuesta del estado provenga del derecho penal, ya que ante la vulneración de derechos fundamentales la unica respuesta estatal valida debiera ser garantizar su efectivo cumplimiento.

Mientras éstas sean las únicas respuestas de los gobiernos, la conflictividad en torno a la vulneración del derecho a la vivienda y al suelo, seguirá presente y podría profundizarse, tal como queda reflejado en los recientes hechos en Jujuy. Estas respuestas estatales son contrarias a nuestra constitución local que reconoce ampliamente los derechos sociales y específicamente ordena desarrollar políticas para superar las condiciones de pobreza (cfr. art.17 CCBA).

Los poderes del Estado, por acción y omisión configuran una intervención pública que funciona como advertencia a los más pobres: el derecho a la vivienda es para unos pocos, los que se resistan a este estado de cosas serán disciplinados a través del derecho penal.

Es por ello que más allá de manifestar nuestra preocupación, por medio de estas líneas, llamamos especialmente a las autoridades políticas responsables a no continuar criminalizando la pobreza y las acciones de quienes luchan por el acceso a la vivienda digna y a cumplir, sin más dilación, los acuerdos que han anunciado en diciembre de 2010 alos fines de resolver la problemática habitacional existente enla Ciudadde Buenos Aires, en conformidad con el respeto a los compromisos internacionales de derechos humanos y a lo ordenado por las constituciones local y nacional.

Informe del Relator especial sobre los derechos de los Pueblos Indigenas

2011-07-15T12:26:00.001-07:00

VIOLACIONES AL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN Y CONSULTA DE COMUNIDADES INDÍGENAS DE LAS SALINAS GRANDES EN PROCESOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LITIO – PELIGRO AMBIENTAL

Cuándo y dónde:

Las actividades mineras comenzaron a principios de 2010 y continúan en la actualidad en la región conocida como Salinas Grandes de la Laguna de Guayatayoc. Las Salinas Grandes abarcan los departamentos de Cochinoca y Tumbaya de la provincia de Jujuy y los departamentos de La Poma y Cobres de la provincia de Salta, e integran la subcuenca de la Laguna de Guayatayoc - Salinas Grandes. Esta sub-cuenca forma parte de la Puna, porción del altiplano que pertenece a la República Argentina. La superficie total de la cuenca alcanza los 17.552 km2. Si bien ambiental y culturalmente conforman una sola unidad, su administración política está dividida entre las jurisdicciones de las provincias de Salta y Jujuy, ambas de la República Argentina.

Víctima(s):

Comunidades de Jujuy: Santuario de Tres Pozos, Comunidad Aborigen de San Francisco de Alfarcito, Comunidad Aborigen del Distrito de San Miguel de Colorados, Comunidad Aborigen deAguas Blancas, Comunidad Aborigen de Sianzo, Comunidad Aborigen de Rinconadilla, Comunidad Aborigen de Lipan, Organización Comunitaria Aborigen “Sol de Mayo”, Comunidad Aborigen de Pozo Colorado - Departamento Tumbaya, Comunidad Aborigen de Santa Ana, Abralaite, Rio Grande y Agua de Castilla, Comunidad Aborigen El Angosto Distrito El Moreno, Comunidad de Santa Anta. CPI: Jorge Mamaní.

Comunidades De Salta: Comunidad Aborigen Cerro Negro, Comunidad Aborigen de CasaColorada, Comunidad Esquina de Guardia, Comunidad Indígena Atacama de Rangel, Comunidad Aborigen de Cobres, Comunidad Likan Antai Paraje Corralitos, Comunidad Aborigen De Tipan.

Qué sucedió:

Desde el año 2010 se han divulgado informaciones en revistas y diarios de circulación en las provincias, que dan cuenta de la exploración de un mineral denominado el oro blanco del siglo XXI: el litio. Esta situación generó gran inquietud en las comunidades de las Salinas quienes nunca habían sido consultadas acerca de las posibles nuevas exploraciones y sus eventuales consecuencias en su equilibrio comunitario y ecológico. En comunicado de prensa las comunidades indígenas afectadas reseñaron: ...“durante el año pasado, con preocupación, comenzamos a ser testigos mudos de una nueva actividad en la región, nadie nos informó nada a pesar de la vigencia de derechos que exigen que nos consulten (Constitución Nacional, articulo 6 del Convenio 169 de la OIT). Nos enteramos por rumores y por los medios de prensa, que habían descubierto litio en el subsuelo de los salares de la Puna de Salta y Jujuy. Todos los anuncios del Gobierno, daban cuenta de la importancia de este nuevo emprendimiento para la economía nacional e internacional. Sin embargo, nadie dijo nada de cómo esta nueva explotación nos puede afectar a las comunidades y a nuestro territorio: a las salinas, a las vertientes de agua, a los pastos, a nuestros ganados, a la Pacha, a nuestras costumbres y creencias, etc. En síntesis: a toda nuestra vida”...1

Las primeras perforaciones ya presentan surgencia de aguas de baja salinidad provenientes de acuíferos profundos, lo cual según informes científicos provocará consecuencias notables sobre el sistema salino, limitará la posibilidad de extracción de sales superficiales y favorecerá la difusión de sales superficiales hacia acuíferos profundos de baja salinidad. Si se priva a estas comunidades del acceso al agua para sus haciendas, pasturas y chacras, se les despoja de sus espacios de reproducción cultural, lo cual deja de ser un tema meramente económico, y aunque el daño se pueda resarcir económicamente, la pérdida de estos espacios de reproducción cultural es la muerte de una identidad, es un genocidio realizado en aras de una homogenización cultural. La urgencia por el inicio de actividades de explotación y apoyo por parte de los gobiernos provinciales se puso de manifiesto en Salta a través de un Decreto No 3860/10 del mes de Septiembre. En el mismo se declara de interés público el proyecto e iniciativa privada de la empresa Bolera Minera S.A. para la exploración, explotación e industrialización de recursos sobre siete minas del Salar Salinas Grandes en el departamento La Poma. La etapa de búsqueda de la sustancia será por dos años. En caso de que se decida por explotar estas sustancias, se prevé que sea por el término de 20 años, "con derecho a prórroga por otros 20 años, o bien alguna otra forma de asociación con la Provincia de Salta". Bolera Minera S.A. es un joint venture compuesto por los grupos franceses Bolloré y Eramet, líderes en los sectores minero e industrial, respectivamente. Su proyecto apunta fundamentalmente a la extracción de litio, mineral necesario para la construcción de acumuladores de energía eléctrica, fundamental para modernas baterías para el sector automotriz 2. El Decreto menciona, paradójicamente, como fundamentos "integrar a las comunidades locales para un desarrollo social y económicamente equilibrado, teniendo como primer objetivo la sustentabilidad del desarrollo, generando puestos de trabajo, y en este sentido, coadyuvando con el Estado en la generación de empleo genuino; también propone, respecto a la protección al medio ambiente y aplicando el principio de responsabilidad social de la empresa, el irrestricto respecto de la normativa vigente". Tampoco para el dictado de esta normativa fueron consultadas las comunidades que en definitiva serán quienes reciban el mayor impacto. Por su parte el Gobernador de la Provincia de Jujuy dictó el viernes 02 de marzo de 2011 el Decreto – Acuerdo No 7592 que dispone declarar las reservas minerales que contengan litio como recurso natural estratégico generador del desarrollo socio económico de la Provincia de Jujuy. A su vez crea un Comité de Expertos para el análisis integral de proyectos de litio y otras regulaciones, nuevamente sin consulta y participación a las comunidades indígenas afectadas. Continuando el gobierno con su arremetida lo convirtió en Ley No 5674. En la misma sesión la Legislatura de Jujuy sancionó la Ley No 5675 que dispone en su artículo primero “Aprobar en todas sus partes el Decreto-Acuerdo No 7626-P-11 de fecha 15 de Marzo de 2011, por el que se constituye una Sociedad del Estado bajo la denominación JUJUY ENERGÍA Y MINERÍA SOCIEDAD DEL ESTADO (J.E.M.S.E.)”. Ambas normas fueron sancionadas sin ningún tipo de consulta a las comunidades indígenas afectadas. A su vez los días 28 y 29 de Abril se desarrolló en San Salvador de Jujuy el seminario “Utilización Integral del Litio en Argentina. Ciencia, Tecnología e Innovación al Servicio del Desarrollo” organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el Comunicado de Prensa de las Comunidades de la MESA DE PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA CUENCA DE GUAYATAYOC Y SALINAS GRANDES, 11 de Marzo de 2011. Ministerio de Industria de la Nación, junto al Gobierno Provincial, con la participación de los funcionarios de mayor rango jerárquico de cada área. Nuevamente, las comunidades involucradas se enteraron por los medios de prensa y asistieron al evento para reclamar por el armado de proyectos mineros en sus territorios sin ser consultados previamente. Responsables: Gobierno de la Provincia de Jujuy, Gobierno de la Provincia de Salta, Estado Nacional. Acciones tomadas por las autoridades nacionales: El 24 de Noviembre de 2010 se presenta Acción de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por incumplimiento de la obligación de consulta y participación en pedimentos de exploración y explotación de litio de conformidad con el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional, Convenio 169 de OIT y Declaración de los Derechos Indígenas de la ONU. Se solicita cumplimiento de la obligación de consulta y participación así como la suspensión de trámites hasta tanto se de esta participación de forma efectiva y transparente6. El caso aún no cuenta con resolución del máximo Tribunal. Sin embargo, la Procuración General de la Nación hadictaminado que corresponde, tal como se presentó, a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Las autoridades provinciales no sólo no tomaron medidas para reparar la situación sino que agravaron la situación con el dictado de nuevas leyes que fomentan la actividad nuevamente de forma inconsulta. En el caso del Estado Nacional tampoco desde la Secretaría de Minería se ha implementado ni fomentado instrumentos de consulta.

Acciones en el ámbito internacional:

Hasta el momento sólo se ha informado de la situación a nivel internacional a la Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el “CUESTIONARIO SOBRE PROYECTOS DE

DESARROLLO Y EXTRACCIÓN DE RECURSOS NATURALES DENTRO O CERCA DE TERRITORIOS INDÍGENAS” presentado por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) con fecha 29 de Abril de 2011.

Los docentes denuncian a Macri

2011-05-17T12:24:00.001-07:00

Conferencia de Prensa:

Miércoles 18. 8:30 hs.

Conferencia de Prensa

frente a los Tribunales de la Ciudad (Diagonal Norte 636)

Los docentes denuncian a Macri

Amparo por mentir en publicidad oficial

La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-CTERA), patrocinada por 14 bis-Secretaría de Derechos Humanos del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho (UBA), se presentará mañana ante la Justicia porteña para denunciar al Jefe de Gobierno por la distribución de un folleto de publicidad oficial que contiene mentiras y falsedades respecto a la gestión educativa.

El material titulado "El futuro empieza en las aulas" señala entre otras cosas que los docentes de Jornada Completa tienen un salario mínimo de $ 5808. Esta información totalmente falaz está acompañada de otras mentiras como la afirmación de que todas las escuelas tienen gas y calefacción o de que se han construido 13 escuelas y se están construyendo otras 46.

En el amparo, el sindicato reclamará que se retire de circulación la publicidad y se publique una nueva rectificando las mentiras, basándose en elderecho a la información pública veraz.

Ante la publicación de folletos publicitarios con información errónea y falaz, se solicitará a la justicia una medida cautelar que ordene en forma inmediata retirar de circulación el folleto y publicar otro de similares características explicando el error y rectificando la información.

El Poder Judicial busca incorporar la perspectiva de género en la Justicia

2011-05-10T12:08:00.000-07:00

Esta semana habrá nuevos talleres para garantizar la igualdad de género en el Poder Judicial

10/05/2011 - La Cámara Federal de San Martín y la Cámara Nacional de Casación Penal realizarán nuevas jornadas este miércoles y viernes, respectivamente, con el objetivo de impulsar un proceso de incorporación de la perspectiva de género en la Justicia

Esta semana se llevarán a cabo nuevas jornadas de trabajo para introducir la perspectiva de género en el Poder Judicial, esta vez en la Cámara Nacional de Casación Penal y en la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.

Se trata de una iniciativa de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia la Nación, que cuenta con el apoyo técnico del Sistema de Naciones Unidas en Argentina, a fin de impulsar un proceso de incorporación de la perspectiva de género tanto en la prestación del servicio de justicia como en el ámbito de las relaciones laborales que su ejercicio involucra.

En ese marco, el 13 de mayo próximo, la Cámara Nacional de Casación Penal llevará a cabo una jornada de trabajo en talleres para introducir la perspectiva de género en el Poder Judicial. Esta jornada contará con 30 participantes: personal administrativo.

En tanto, el 11 de mayo, la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín iniciará los talleres de “protocolo C”, dirigido a empleadas y empleados. Mientras que los de “protocolo B” comenzaron el pasado lunes y están dirigidos a funcionarias y funcionarios. Ambos se llevarán a cabo, respectivamente, todos los miércoles y lunes hasta el 2 de diciembre próximo, a efectos de abarcar a todo el personal dependiente de juzgados de primera instancia, tribunales orales y cámara del fuero.

Desde la Cámara Federal de San Martín aclararon que el 4 de mayo último se concluyó con los talleres de “protocolo A”, de jueces y juezas, los que abarcaron a magistrados de primera instancia y de tribunal oral de esa jurisdicción (los jueces de cámara hicieron el “protocolo D” a fines del año pasado).

Acerca de la Oficina de la Mujer

La Oficina de la Mujer (OM), creada por el máximo Tribunal en 2009, se planteó el desafío de lograr la igualdad de género tanto en relación a quienes utilizan el sistema de Justicia como a quienes desempeñan sus funciones en el Poder Judicial. El trabajo de la Oficina de la Mujer se enmarca en la política de Estado tendiente a prevenir y erradicar cualquier tipo de violencia de género.

La Oficina, a cargo de la Ministra Dra. Carmen Argibay, cuenta con una Secretaría y diversas áreas de trabajo, encargadas de brindar capacitación al Poder Judicial para el diseño y coordinación de políticas institucionales que favorezcan la igualdad de género; la recopilación de datos a fin de elaborar estadísticas en este sentido y la investigación de género, tendientes a identificar las necesidades dentro del Poder Judicial.
Más información www.csjn.gov.ar/om/

Acerca del Sistema de Naciones Unidas en Argentina

El Sistema de Naciones Unidas reúne agencias de la ONU que trabajan en el país. Cerca de 300 personas trabajan en 12 agencias donde planifican y ejecutan más de 200 proyectos dirigidos a apoyar, mediante cooperación técnica y asistencia, los esfuerzos nacionales y locales en las diversas áreas vinculadas al desarrollo. Cada oficina tiene un mandato propio, pero todas coordinan y unen sus esfuerzos para hacer frente a estos desafíos de manera más estratégica, integrada y eficaz.

El Sistema de Naciones Unidas en Argentina (SNU) viene apoyando distintas iniciativas en el ámbito nacional que promueven la igualdad de derechos y el empoderamiento de la mujer. En el 2007 acompañó el lanzamiento de la Oficina de Violencia Doméstica de la Ciudad de Buenos Aires también en el ámbito de la CSJN y en 2009 recibió el apoyo del Presidente de la CSJN, Ricardo Lorenzetti, en el lanzamiento en América Latina de la Campaña “ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres” del Secretario General Ban Ki Moon.
Más información www.onu.org.ar

Link: http://www.cij.gov.ar/nota-6752-Esta-semana-habra-nuevos-talleres-para-garantizar-la-igualdad-de-genero-en-el-Poder-Judicial.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

Informe de la relatora de la ONU sobre crisis habitacional en la Argentina

2011-04-21T12:47:00.000-07:00

Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, y sobre el derecho a la no discriminación en este contexto

Visita Oficial a la Republica Argentina, 13-21 de Abril del 2011

Observaciones y conclusiones preliminares

La Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, y sobre el derecho a la no discriminación en este contexto, Raquel Rolnik, ha visitado oficialmente la Republica Argentina entre el 13 y el 21 de abril de 2011 a invitación del gobierno argentino.

Derecho a una vivienda adecuada en Argentina: Contexto General.

Durante su visita la Relatora ha podido constatar que el país pasa hoy por una importante crisis habitacional. Hace décadas que la falta de acceso a la vivienda adecuada ha llevado a millones de argentinos a instalarse de forma precaria en villas y otras formas de vivienda no adecuada. Este fenómeno ha sido agravado por una muy baja inversión en vivienda por parte del Estado desde la mitad de los años ochenta y durante la década de los noventa, así como a partir de finales de los años 70 por una oferta pobre de suelo urbanizado accesible a los sectores de bajos ingresos y una baja inversión en urbanización y consolidación de asentamientos informales.

A nivel nacional, según el último censo disponible (2001), 2.640.871 hogares (aproximadamente un 20 por ciento del total de hogares) padecían distintas situaciones deficitarias. A pesar del carácter estructural de la crisis, la Relatora nota un agravamiento reciente de esta situación, relacionado con el crecimiento económico que ha conocido Argentina en los últimos años y sus efectos directos sobre el aumento de los precios de la tierra, suelo urbano, inmuebles y alquileres en proporción significativamente superior a los aumentos de ingresos de la mayoría de la población y a la ausencia de crédito y opciones de vivienda incluso para las clases medias.

Marco Normativo y Politicas Publicas en materia de vivienda adecuada.

Gracias a la reforma constitucional de 1994, y específicamente mediante el articulo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional argentina, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, y por consecuencia el derecho a una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho de toda persona a un nivel de vida adecuada (artículo 11 del Pacto), ha adquirido jerarquía constitucional. El derecho a la vivienda adecuada ha sido además expresamente reconocido en algunos textos legislativos locales, en particular en la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (artículo 31). La Relatora considera muy positivos estos desarrollos normativos así como el fuerte compromiso adoptado por el Gobierno argentino desde 2003 en materia de derechos humanos que ha desembocado en la adopción en 2010 de una ley que eleva el compromiso del Gobierno con los derechos humanos a una política de Estado.

La Relatora acoge favorablemente las políticas diseñadas e implementadas desde 2003 por el Gobierno nacional en materia de vivienda adecuada y particularmente el compromiso del Gobierno de considerar la vivienda como responsabilidad y compromiso del Estado, y por lo tanto objeto de una importante inversión presupuestaria. En este contexto, la Relatora nota que los programas de vivienda del Gobierno fueron impulsados como herramientas de reactivación económica anticíclica frente a la crisis de 2001-2002, y que incidieron positivamente en la creación de empleo en el país y, según fuentes oficiales, aseguraron 560.000 soluciones habitacionales. La Relatora nota con preocupación que la prioridad ha sido la producción de vivienda completa (“llave en mano”) promovida por el Estado, notablemente por los Institutos Provinciales de Vivienda, y construidas por constructoras privadas, con el apoyo en muchos casos de las municipalidades. El Estado ha priorizado la construcción pero no ha promocionado y/o apoyado políticas locales que movilicen viviendas vacantes, alquiler social, prestamos y asistencia para ampliaciones, y sobretodo políticas de tierras y disponibilización de suelo urbanizado. La Relatora aplaude también el esfuerzo emprendido por la sociedad civil argentina de organizarse en cooperativas de vivienda, trabajo y consumo, constituyendo un vasto tejido social organizado bajo los conceptos de solidaridad y ayuda mutua para afrontar la crisis.

Desafíos y Obstáculos en la realización del derecho a una vivienda adecuada en la Argentina. Falta de información y debilidades de las políticas públicas de vivienda.

Durante su visita, la Relatora ha podido observar la falta de un relevamiento de las necesidades de vivienda en el país que son múltiples y heterogéneas. La carencia de datos oficiales actualizados de la situación habitacional y la falta de un diagnóstico-marco que identifique las distintas situaciones y sus requerimientos en términos de políticas (carencia de infraestructura en los asentamientos informales, alquiler excesivo, falta de acceso a crédito por sectores medios, hacinamiento, etc.) no han permitido planear e implementar políticas publicas adecuadas a estas múltiples necesitades. Como se ha señalado, el Gobierno nacional, así como las provincias, han dado prioridad a políticas de construcción y financiamiento de viviendas nuevas, con prototipos demasiado homogéneos y basados en la mayoría de los casos solo en la creación de vivienda y no en un concepto integral de hábitat. Se valora que existen otras opciones y programas pero se verificó que no han sido debidamente consideradas e impulsadas.

La Relatora nota además como las políticas de vivienda implementadas no han sido acompañadas hasta la fecha por políticas de suelo apropiadas, lo que en muchos casos resulta en la ubicación inadecuada de los conjuntos poblacionales lejos de las oportunidades de trabajo y empleo. En este contexto, la Sra. Rolnik aplaude las iniciativas positivas de algunas municipalidades para implementar políticas de manejo del suelo, y en especial el proyecto de ley de promoción de hábitat de la provincia de Buenos Aires; iniciativas que disponen de herramientas para garantizar una oferta de suelo urbanizado para acoger vivienda adecuada, sean de promoción pública, de tipo cooperativo o privada de interés social.

La Relatora nota también la necesitad de una mejor articulación entre las autoridades municipales, provinciales y nacionales para mejorar la implementación y ejecución de políticas y la falta de un sistema federal con clara atribución de competencias, financiación e intervención y que traduzca verdaderamente en su diseño, gestión e implementación el derecho a una vivienda adecuada tal como está definido en el derecho internacional. En este sentido, la Relatora nota con preocupación la debilidad del sistema de adjudicación dentro de los programas de vivienda social. Cada provincia o municipalidad puede definir sus criterios de adjudicación (hasta no tener criterios) lo que abre la vía a prácticas discriminatorias en particular en relación con la población migrante proveniente de otros países o de otras regiones del país (como fuera ilustrado por ejemplo en la ley 1118/1999 de la ciudad de Ushuaia que define puntajes para la atribución de programas de vivienda en función de la vinculación al territorio y a la conducta cívica – esta última definida en función de la ocupación de predios fiscales en la ciudad). En este sentido, la Relatora subraya la modificación de la ley 24. 464 que establece un cupo del 5% en cada uno de los planes Fondo Nacional de Vivienda Social para ser destinados a las personas con discapacidades, y nota que este porcentaje tendría que ser adaptado a los porcentajes reales de personas con discapacidades presentes en las distintas ciudades y provincias. En este contexto, la Relatora recomienda que a partir de los resultados del censo realizado en 2010 y con la participación activa de las municipalidades y las provincias, se realice un mapeo de los distintos asentamientos y de la demanda de vivienda generada por planes de inversión económica y se diseñe un Plan Nacional de Suelo Urbano y Hábitat Urbano y Rural, con una diversidad de programas y políticas habitacionales y criterios claros de adjudicación.

Asentamientos informales, ocupaciones de tierras y viviendas.

Las ocupaciones de tierras y viviendas han representado en la historia reciente argentina la forma más común de acceso al suelo y a la vivienda para los sectores populares. Según varias fuentes, en los últimos años, los asentamientos y ocupaciones se habrían además multiplicado en distintas aéreas urbanas del país. Particularmente en el conurbano bonaerense, el incremento de las ocupaciones de tierras se relaciona estrechamente con el fin de la producción de loteos populares, suelo que ahora preferentemente es usado para desarrollos de barrios cerrados para sectores de altos ingresos. Lo cual incrementa una ocupación desigual y fragmentada del espacio urbano.

La Relatora nota la gran ambigüedad con la cual las autoridades han tratado el tema de las ocupaciones de tierra y nota con preocupación cómo esta actitud haya permitido que este tema se convirtiera en objeto de disputas partidarias, acción de punteros políticos y ha vuelto a los habitantes de estos territorios altamente vulnerables a la discrecionalidad caso por caso con respecto a la posibilidad de permanencia, consolidación o desalojo. En este contexto, la relatora nota que hasta en los casos en los cuales la decisión de radicación de la villa está dictada por una ley acompañada por mecanismos institucionales de concertación, como en el caso de la villa 31 y 31 bis de la ciudad de Buenos Aires, se interponen los mismos obstáculos a nivel de implementación y ejecución de los planes.

La Relatora ha podido además constatar que a pesar de que la ocupación informal del suelo ha sido la forma predominante de acceso a la vivienda en los últimos años en el país, en varias regiones de la Argentina se está produciendo un fenómeno creciente de criminalización de los habitantes que ocupan tierras o viviendas, los cuales vienen siendo víctimas de una estigmatización especialmente en relación con población inmigrante.

En este contexto, la Relatora recomienda que sea establecido un marco general de reconocimiento de derechos, así como de criterios claros de consolidación de los asentamientos y que las autoridades competentes promuevan la regularización integral (a través de un proceso de urbanización y regularización administrativa y dominial, plazos más breves de prescripción adquisitiva del dominio para fines de vivienda social) integrando definitivamente estos asentamientos en las ciudades y pueblos, así como ofreciendo alternativas respetuosas de los estándares internacionales en materia de derecho a una vivienda adecuada para los habitantes de los asentamiento que se decidiera no regularizar. Un caso paradigmático en este sentido es la problemática del saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo. La relatora nota las deficiencias en la política de relocalizaciones que se están dando en el marco de este proceso en algunas municipalidades: falta de participación de los afectados y falta de información pública. Además la relatora considera preocupante que esta política de relocalización esté basada en una sentencia judicial y no en una política integral de urbanización.

Situaciones Urgentes. Desalojo

Durante su visita, la Relatora ha recibido numerosos testimonios sobre desalojos que se estarían produciendo en distintas provincias del país, en medio urbano así como rural. Numerosas evidencias presentadas a la Relatora sugieren que, en muchos casos, los desalojos se estarían llevando a cabo en violación de los estándares internacionales en esta materia. Contrariamente a lo sugerido por el Comentario General N° 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en muchos casos los desalojos han sido realizados sin que se estudiara en consulta con los interesados todas las demás posibilidades para evitar o, cuando menos, minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza. Muchos desalojos han sido realizados sin una auténtica oportunidad de consultar a las personas afectadas y sin garantizar su derecho de defensa. Muchos desalojos han dado lugar a que los afectados se queden sin vivienda y sean expuestos a violaciones de otros derechos humanos, sin que el Estado adopte todas las medidas necesarias para que se les facilite otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas. La Relatora ha notado una proliferación de causas penales por el delito de usurpación en las cuales suelen requerirse desalojos, y como en muchas ocasiones es el Gobierno mismo que impulsa estos procesos judiciales. La Relatora expresa preocupación frente a la constatación de que en los casos en los que existe un procedimiento judicial, la legislación procesal actualmente vigente facilita la ejecución de desalojos, puesto que estos pueden requerirse como medida cautelar, previo al dictado de la sentencia, violando los estándares internacionales en materia de debido proceso legal.

La Relatora Especial expresa además particular preocupación frente a la excesiva utilización de la fuerza por agentes estatales y agentes privados de seguridad empleados por el Estado durante los desalojos. En este contexto, la Relatora recibió información extremadamente preocupante sobre lo ocurrido en la ciudad de Buenos Aires en diciembre de 2010 en los hechos relativos al desalojo de las personas que habían ocupado el Parque Indoamericano, durante los cuales murieron presuntamente tres personas a manos de agentes estatales. La Relatora nota también con honda preocupación la situación de la comunidad “La Primavera” (Provincia de Formosa) integrada por miembros del pueblo originario Qom. Durante enfrentamientos que se dieron en un contexto de conflicto de tierra entre dicha comunidad y la Provincia de Formosa, en noviembre de 2010, un integrante de la comunidad La Primavera y un policía perdieron la vida, la comunidad fue desalojada de sus tierras ancestrales, y sus viviendas fueron quemadas con todos sus bienes. La Relatora nota también con gran preocupación la violencia utilizada por cooperativas privadas empleadas por la municipalidad de Ushuaia en la contención de asentamiento irregulares.

En este contexto, la Relatora recuerda que cuando se considere un desalojo como justificado, el Estado argentino tiene la obligación de llevarlo a cabo en estricto cumplimiento de las disposiciones pertinentes de las normas internacionales de derechos humanos y respetando los principios generales de la razón y la proporcionalidad. Además, tiene la obligación de establecer recursos o procedimientos legales para los afectados por las órdenes de desalojo, y velar por que todas las personas afectadas tengan derecho a la debida indemnización por los bienes personales o bienes raíces de los cuales pudieran ser privados. La Relatora expresa además preocupación por lo que parece ser -con algunas excepciones- un desconocimiento generalizado por parte de los magistrados argentinos de los estándares internacionales en materia de desalojos, haciendo caso omiso de gran parte de las garantías procesales reflejadas en la observación general numero 7, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y culturales .

En conclusión, la Relatora considera que teniendo en cuenta los avances normativos y de inversión en vivienda, así como el crecimiento económico de los últimos años, Argentina se encuentra en plena condición de movilizar e implementar un pacto socio-territorial para la implementación del derecho a la vivienda adecuada para todos. La Relatora reitera su disponibilidad para cooperar en este esfuerzo.

Crisis Habitacional en la Argentina: visita de la relatora de Naciones Unidas.

2011-04-21T10:33:00.000-07:00

Entre el 13 y 21 de Abril de este año la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada de Las Naciones Unidas, Raquel Rolnik, visito oficialmente la Republica Argentina. Les dejamos una nota al respecto, y mas adelante, los resultados de su informe.

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-166707-2011-04-21.html

Una lección para generar vivienda popular

Después de entrevistar a organizaciones sociales y visitar asentamientos, Raquel Rolnik cuestionó la falta de regulación del precio de la tierra, que la hace inaccesible a los sectores populares. Elogió, aunque con reservas, la inversión en viviendas.

Por Pedro Lipcovich

“Los barrios cerrados, con densidad habitacional bajísima, se desarrollan en vez de los loteos que permitían a muchos trabajadores hacerse sus casas; por este y otros motivos, los sectores populares recurren a la ocupación de terrenos.” Quien formula esta observación es Raquel Rolnik, relatora especial sobre vivienda del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Al finalizar su visita a la Argentina –que incluyó “decenas de visitas a organizaciones sociales y cooperativas”–, presentó sus primeras conclusiones, que incluyen fuertes cuestionamientos: “No conozco otro país donde los jueces ordenen desalojos tan fácilmente, en el marco de medidas cautelares”. Denunció “el desalojo y quema de viviendas de los qom, en Formosa”, “el uso de la fuerza en el parque Indoamericano” o “la acción intimidatoria de grupos de seguridad privada en Ushuaia”. Y señaló a “los políticos que, con cuentagotas, dan uno u otro servicio a los asentamientos a cambio de votos”. Valoró que “desde 2003, el Estado argentino cumple en invertir en vivienda” pero criticó que “el programa se centra en empresas constructoras” más que en la acción de las comunidades involucradas. Según la funcionaria, “la Argentina puede resolver en 10 o 15 años la cuestión de la vivienda”, pero a condición de encarar “un plan nacional de suelo y hábitat”.

“La crisis habitacional de la Argentina, que se arrastra desde hace décadas, se agravó en los últimos años, porque la reactivación económica no va acompañada por mecanismos de regulación del precio del suelo: entonces, los mayores ingresos de las clases más favorecidas se trasladan a los precios de venta y alquiler de propiedades. Y las clases medias no tienen buenas posibilidades de crédito y, así expulsadas del mercado, pasan a competir por ubicaciones tradicionalmente populares”, explicó Rolnik, con amplia trayectoria en el tema en su país de origen, Brasil.

Sin embargo. “hay algo muy positivo –subrayó–: desde 2003, el Estado se comprometió con la cuestión de la vivienda: hubo una inversión fuerte, y según datos oficiales se lograron más de 500.000 soluciones habitacionales. Ahora bien, el programa federal se centra en empresas constructoras que entregan las viviendas llave en mano, y esto debería ser una alternativa entre otras. Hay programas de mejoras en barrios o para cooperativas, pero están menos priorizados, y deben competir por la tierra en un mercado que incluye viviendas de lujo.”

Es que “es imprescindible incluir acciones de regulación del suelo. Falta en la Argentina un plan nacional de suelo y hábitat urbano y rural. En el conurbano bonaerense, en lugar de los loteos, que, en cuotas, en las décadas de 1950 o 1960, permitían a muchos trabajadores hacerse su casa, proliferan barrios cerrados, para sectores de altos ingresos, con una densidad habitacional de sólo cuatro personas por hectárea. Así para los sectores populares, a falta de opción, las ocupaciones resultan la forma más común de hacerse de suelo y vivienda”.

–Algún intendente del conurbano planteó que, aunque recibe fondos del Estado nacional para viviendas, ya es casi imposible encontrar lugares libres donde edificar –observó Página/12.

–¿Cómo que “no hay lugar”? –contestó Raquel Rolnik–. No lo hay para los pobres. Gran Bretaña, España, Francia, Holanda, además de invertir en viviendas y subsidiar alquileres, tienen leyes de ordenamiento territorial: en Gran Bretaña, cada urbanización privada debe aportar el 30 por ciento de la superficie de tierra para viviendas de sectores de bajos ingresos; en Francia, aportan el 20 por ciento. En Manhattan, Nueva York, casi la mitad de los alquileres están protegidos: los reajustes no los dicta la especulación inmobiliaria sino una comisión local.

“Si se trata de lugar –continuó Rolnik–, el Estado puede ofrecer tierras fiscales, en vez de, al revés, desalojarlas cuando son ocupadas. Y siempre hay tierras e inmuebles desocupados. Las propiedades cuyos impuestos no se pagan pueden adquirirse para vivienda social. En las zonificaciones, así como se admite que haya lugares determinados para industrias, para oficinas, para edificios en altura, ¿por qué no para viviendas de interés social?”. Y agregó una observación impecable: “Si hay gente que usurpa casas, es porque esas casas están vacías”.

En este punto, la investigadora plantea una distinción que juzga esencial: “Se trata de producir hábitat, no sólo vivienda: es el derecho a la ciudad o, si se trata de campesinos o pueblos originarios, el derecho a medios de sobrevivencia. Esto requiere un pacto sobre vivienda urbana y rural, que reconozca a todos el derecho a un lugar”. Es necesaria “la articulación entre las autoridades nacionales, provinciales y municipales. De otro modo los proyectos dependen de negociaciones políticas: si hay acuerdo, se trabaja y si no, no”. Y advierte que “también hay que acordar a nivel nacional en los criterios de adjudicación. En la Argentina, a veces el criterio es quién es amigo y quién es enemigo. También hay sistemas por puntaje, pero son a veces discriminatorios como el de Ushuaia, que perjudica a los inmigrantes”.

En estos órdenes, “sería positivo que se apruebe el Proyecto de Ley de Hábitat Popular (que presentó el Ejecutivo bonaerense en la Legislatura), que plantea la intervención del Estado para regular el mercado: incluye estrategias de producción de hábitat popular y muchos instrumentos como la sanción a inmuebles vacantes o el impuesto a los barrios cerrados, que es de lo que más se habló”. Entretanto, “respecto de las ocupaciones, las autoridades argentinas mantienen una ambigüedad: ¿se puede o no ocupar? ¿La ocupación es transitoria o definitiva? ¿Van a quedarse o a relocalizarse? Esto se convierte en objeto de disputa de punteros políticos, y los habitantes quedan vulnerables a la discrecionalidad que puede depararles la consolidación o el desalojo. Esto se ve aun en el caso de la Villa 31, donde hay una ley de consolidación pero no se implementa por disputas entre organismos y niveles involucrados”, observó Rolnik.

Y la relatora especial finalizó con una pregunta: “En la Argentina, ¿seguiremos produciendo villas? ¿Nos limitaremos a consolidarlas? El desafío, además de consolidar de una vez por todas las ya existentes, es lograr una oferta de hábitat para antes de que se produzcan las ocupaciones. En países como Colombia, se ofreció a la gente suelo urbanizado con asistencia técnica: construyeron sus propias casas bajo condiciones planificadas, funcionó. En la Argentina se están perdiendo generaciones hacinadas en asentamientos sin cloacas, con aguas contaminadas. ¿Quiénes ganan con esto? Ganan los políticos que toman esas comunidades para obtener votos de poblaciones vulnerables: los servicios se otorgan por goteo, a cambio de una base electoral para uno u otro político. Y ganan aquellos sectores sociales que así no ceden nada mientras los pobres se arreglan como pueden, preferiblemente lejos de la vista del resto de la población”.

Prisión perpetua en carcel común para Luis Abelardo Patti

2011-04-15T09:29:00.000-07:00

EL PAIS › EL REPRESOR LUIS ABELARDO PATTI RECIBIO SU PRIMERA CONDENA POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD

La Argentina ahora es un país más seguro

El ex policía y ex intendente de Escobar recibió prisión perpetua a ser cumplida en un establecimiento del Servicio Penitenciario. Reynaldo Bignone, Santiago Omar Riveros y Martín Rodríguez fueron condenados a la misma pena. A un quinto acusado le dieron seis años.

Por Victoria Ginzberg

Los brazos se unieron en los respaldos de las sillas. Los hermanos Gastón y Manuel Gonçalves, Juana, Diego y Antonio Muniz Barreto, Soledad D’Amico y sus abogados formaron un lazo que los contenía a todos. Cuando la jueza Lucía Larrandart terminó de leer el fallo, se miraron entre ellos, intentaron secarse las lágrimas que seguían apareciendo, se pararon y se abrazaron. La presidenta del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín acababa de anunciar la condena de Luis Abelardo Patti, Reynaldo Benito Bignone y otros tres represores por los secuestros, tormentos y asesinatos de sus padres.

Patti, Bignone, Santiago Omar Riveros y Martín Rodríguez recibieron prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua más accesorias legales y pago de costas. Al quinto acusado, Juan Fernando Meneghini, le tocaron seis años. Meneghini fue comisario de la 1a de Escobar durante la última dictadura, pero el tribunal consideró que no había tantas pruebas en su contra y no lo culpó por homicidios o tormentos. Más allá de este dato, que los querellantes evaluarán si apelarán o no después del 5 de mayo, cuando conozcan los fundamentos, los abogados, fiscales y familiares de las víctimas se retiraron satisfechos del auditorio Hugo del Carril, en José León Suárez, donde se realizó el juicio.

El dato clave de la decisión judicial de ayer, que fue aplaudido tanto o más que las condenas, lo aportó la jueza cuando comunicó que “el cumplimiento de la pena impuesta a todos los acusados se llevará a cabo en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal” y anuló en el acto la prisión domiciliaria de Meneghini. El policía era el único de los acusados que estaba en la sala cuando se leyó la sentencia. El resto habría optado por permanecer en una habitación contigua. No se informó si Patti llevaba puesto su disfraz de enfermo terminal –que incluye un cuello ortopédico y una camilla– que lució las pocas veces que se dejó ver durante el juicio. El ex intendente de Escobar está actualmente alojado en la clínica Fleni de esa localidad, donde, se supone, se repone de un accidente cerebrovascular. Según se desprende del fallo, el represor podría seguir internado, pero en prisión. Una opción podría ser Ezeiza, donde hay un centro de salud nuevo

“Es un show para victimizarse. Tiene algo, pero no es un cuadro de la gravedad que quiere mostrar”, opinaron los fiscales Augusto de Luca y Marcelo García Berro, que junto con Juan Murray fueron los delegados de la Procuración en este juicio y se fueron con la satisfacción del deber cumplido.

“Es un cobarde, como lo demostró todo este tiempo y cuando aparece con la camilla me da vergüenza ajena”, dijo a Página/12 Manuel Gonçalves apenas bajó del estrado. Lo importante para él, en ese momento, era cosechar: “Esto es fruto de tanto esfuerzo y peleas, como nos enseñaron las Madres y las Abuelas, porque aunque hubo momentos de derrota, nuestro objetivo era llegar a este día, en el que un tribunal dicte sentencia. Siendo uno de los protagonistas del avasallamiento de la democracia, Patti usó las instituciones para sostener su impunidad. Tuvimos que trabajar el doble que en otros casos. Nos insultaba a todos queriendo ostentar cargos públicos. Y no hay que olvidarse que sus alianzas políticas, por ejemplo con el duhaldismo, llegan hasta hoy”.

Tanto los familiares de las víctimas como los abogados Ana Oberlin y Pablo Llonto destacaron el largo camino que tuvieron que atravesar para que Patti sea condenado. “Fue un caso muy difícil, más complejo que otros, tuvimos que pelear para que no sea diputado, ni candidato, tuvimos amenazados a un montón de testigos. Hasta la prueba, que parecía complicada, se demostró que era contundente”, manifestó Oberlin.

“Es un día histórico. Esto es un alivio y fortalece a la democracia. Patti es un emblema, es tan asesino como los demás, pero se sustrajo a la Justicia y engañó a la sociedad. Ahora se terminó de derribar esa patraña que alguna gente creía, ahora ya nadie le puede creer, salvo los que sean como él o les convenga”, dijo a Página/12 la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, mientras se sacaba una foto con dos muchachas que la abordaron con una cámara digital. Mientras intentaba salir del auditorio y antes de que se acercara otro grupo cámara en mano, agregó: “Cárcel común y cadena perpetua son dos frases para poner en bronce. Es un triunfo del pueblo”.

Víctimas, testimonios, pruebas

Patti, Bignone, Riveros y Rodríguez fueron condenados por los secuestros, aplicación de tormentos y asesinatos de Gastón Gonçalves y Diego Muniz Barreto; el secuestro, aplicación de tormentos y tentativa de homicidio de Juan Fernández, las desapariciones de Carlos Souto y Luis y Guillermo D’Amico y la detención ilegal de Osvaldo Arriosti.

El ex diputado Muniz Barreto y Fernández, que era su secretario, fueron secuestrados en Escobar en febrero de 1977. Los llevaron a la comisaría de la zona, a la Unidad Regional Tigre y finalmente a Campo de Mayo. De allí salieron el 5 de marzo en un Fiat 128 adormecidos con alguna sustancia. Fueron arrojados con el auto a un arroyo cercano a Raíces Oeste, en Entre Ríos. Muniz Barreto murió, pero Fernández sobrevivió y antes de irse al exilio dejó su testimonio ante un escribano público.

Patti está implicado en este caso desde el principio. La ex esposa de Muniz Barreto lo denunció en 1977. Así figura en una presentación hecha ante la Nunciatura por la mujer. Un amigo de la familia declaró en la causa que el 17 de febrero se entrevistó con un hombre que dijo venir de parte de Muniz Barreto (era familiar de un preso de la comisaría de Escobar) que le entregó una nota de puño y letra del diputado que decía: “Movete rápido, estamos en Escobar. Nos detuvo el suboficial inspector Luis A. Patti”. Muniz Barreto mandó dos mensajes más de este tipo que llegaron a la familia y a su empresa. Según el informe del personal de la comisaría de Escobar, Patti fue promovido el 7 de marzo de 1977, un día después del asesinato de Muniz Barreto.

Los secuestros de Souto, los hermanos D’Amico y Arriosti se produjeron en 1977 en la zona de Garín. Arriosti sobrevivió a su cautiverio e identificó a Patti como uno de los hombres que lo capturó.

Gonçalves fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 en Zárate. Dos testigos narraron que estuvieron detenidos con él en un camión celular ubicado detrás de la comisaría de Escobar, donde Patti cumplía funciones de oficial subinspector. El 2 de abril de 1976 el cadáver de Gonçalves fue dejado en el paraje El Cazador, en la ruta 4. Lo habían fusilado y después incinerado. Veinte años más tarde, el cuerpo, que estaba enterrado en el cementerio de Escobar como NN, fue identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Unos meses antes de su secuestro, Gonçalves y su mujer habían discutido con Patti a raíz de la organización de un acto en Escobar. “Ya vas a ver lo que te va a pasar. Te voy a hacer matar”, lo amenazó el policía.

Patti, representado por Silvio Duarte y el ex juez Alfredo Bisordi, intentó mostrarse como un “perseguido político” pero testimonios y pruebas documentales desarmaron su estrategia. Durante el juicio, por ejemplo, se presentó un volante elaborado en 1975 por la Juventud Peronista –que terminó archivado en la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires– en el que se denunciaba que en la comisaría de Escobar “se atropellaba la dignidad humana” y se mencionaba al oficial “Patti” como uno de los “siniestros personajes que llevan a cabo estos bestiales hechos”.

Canciones

Los acusados tuvieron la posibilidad de decir sus “últimas palabras” por la mañana. Hicieron uso de su derecho Bignone y Rodríguez. El primero aprovechó para criticar a Carlotto, que había narrado, en la causa sobre el plan sistemático de apropiación de bebés, dos encuentros que tuvo con él. “Me arrepiento de haberle abierto mi casa y mi corazón”, dijo el represor. Carlotto contestó después: “No dijo que se arrepentía de los crímenes que cometió”. Rodríguez, que hasta febrero del año pasado fue profesor en la Universidad Católica de Salta, hizo un largo alegato político que hasta incluyó una queja porque no se había sancionado el 82 por ciento móvil para los jubilados, lo que provocó la risa del público.

La condena a Rodríguez fue ponderada por Llonto. “Hace mucho sabíamos que había un represor al que llamaban ‘Toro’, pero recién el año pasado pudimos identificarlo y ya está condenado. Debe ser el caso que más rápido se resolvió”, señaló.

Juana Muniz Barreto apretaba dos pulseras de mostacillas de colores y pelo de elefante. Se las trajo su papá de Africa, cuando viajó para escapar de persecuciones de la Triple A y las levó al juicio también el día que declaró. Ante las cámaras de televisión que la abordaban después del fallo contaba que ahora le toca hacer de mamá. “Tengo dos hijos y no creo haber sido mala madre hasta ahora. Les dejo el legado de pelear por lo que uno cree justo, pero hasta ahora estuve muy dedicada a mi papá. Ahora es el momento de mis hijos.”

Cuando Larrandart leyó la decisión que ella y sus colegas Horacio Segretti y María Lucía Cassain habían tomado, en el auditorio se escucharon aplausos y gritos. Muchos “bravo” y algún “vamos Argentina”. Se alzaron decenas de fotos en blanco y negro de desaparecidos vistos en Campo de Mayo y se entonó el clásico “Como a los nazis, les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”. Afuera se habían montado dos pantallas gigantes y un escenario al que luego subirían Los Auténticos Decadentes. Allí, mientras hablaba la jueza, se escuchó una canción compuesta especialmente para la ocasión: “Miren, miren que alegría/ miren, miren qué emoción/ Luis Abelardo Patti se pasea en tanga por el pabellón”.

AQUI VIVO, AQUI VOTO: El miercoles se llevó a cabo el empadronamiento masivo de extranjeros/as

2011-04-14T06:19:00.000-07:00

Nota del blog: http://aquivivoaquivoto.blogspot.com/

Buenos Aires, 13 de abril de 2011

Empadronamiento masivo de extranjeros/as en el Tribunal Superior de Justicia

En el marco de la campaña "Aquí vivo, aquí voto" se realizó hoy una intensa jornada de movilización y empadronamiento de ciudadanos con residencia permanente con el fin de que puedan acceder a sus derechos políticos reconocidos por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. El empadronamiento se llevó a cabo en la única sede habilitada para la inscripción, el Tribunal Superior de Justicia, sito en Cerrito 760, desde las 9 am.

A la convocatoria respondieron cientos de personas, que espontáneamente se acercaron a empadronarse. La masividad lograda demostró la demanda existente en relación a la voluntad de participación política que tiene el colectivo de hermanos y hermanas de otros países que residen en la C.A.B.A. Asimismo puso en evidencia los obstáculos y dificultades que plantea el sistema vigente de inscripción previa, centralizada en el Tribunal Superior, regulado por la Ley 334.

A modo de ejemplo señalamos que muchos residentes no pudieron inscribirse debido a que el nuevo Documento Nacional de Identidad que poseen a partir del Programa Patria Grande individualiza una fecha de trámitación que difiere con la antiguedad de residencia en la Ciudad, es decir que en el documento aparece la fecha de emisión del mismo y no certifica la fecha desde que esos habitantes viven en la Ciudad. A ello se suma que el Tribunal Superior de Justicia les exige que presenten otros medios fehacientes que acreediten que viven desde hace más de 3 años en la Ciudad. Cabe destacar que muchos de ellos al vivir en barrios no urbanizados, no poseen "domicilio" ni cuentan con "servicios" a su nombre. Además, la documentación emitida por el Registro Nacional de las Personas individualiza en forma parcial el lugar donde residen. Así, la omisión estatal de resolver el déficit habitacional y la regularización dominial, se traslada finalmente a la persona que no puede inscribirse en el padrón porque su lugar de residencia no está claramente especificado en su documento.

De lo dicho se desprende que el actual sistema de empadronamiento voluntario está caduco y es ineficiente, amén de discriminatorio porque no garantiza el pleno acceso al derecho a votar. Es por ello que desde la Campaña "Aqui vivo, Aqui voto" proponemos una reforma al sistema de empadronamiento, transformando el empadronamiento voluntario en automático. Igualando así el acceso al derecho político por parte de los residentes permanentes al de los ciudadanos argentinos.

Actualmente se encuentra en trámite un recurso de amparo ante el Juez Juan Lima quien deberá resolver si ordena al Gobierno de la Ciudad establecer sedes alternativas al Superior Tribunal para realizar la inscripción en el padrón. La ley plantea que deben ser habilitadas las oficinas del registro civil y el Gobierno de la Ciudad incumple con la obligación de hacerlo efectivo. Asimismo la medida cautelar solicitó una prórroga en el plazo de incorporación de los inscriptos al padrón de las elecciones 2011, ya que es responsabilidad del Estado de la Ciudad de Buenos Aires que muchos ciudadanos se encuentren hoy excluidos del derecho a votar en las elecciones 2011 por no haber sido informados del derecho ni haberse dispuesto de los canales adecuados.

El derecho a elegir y ser elegido es un derecho de todos y todas, que promueve la integración y la cohesión entre los habitantes y profundiza la democracia.

Contactos de prensa:
Gabriela Carpinetti 15 6 499 1384
Lilian Camacho 15 5 772 6299
Hernán Barriga 15 4 044 4952
Natalia Belmont (abogada) 15 5335 2919

Convocan y adhieren:
Red Comunicacional Boliviana en Argentina/ Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús/ CAREF - Servicio Ecuménico de Apoyo y Orientación a Migrantes y Refugiados / CELS – Centro de Estudios Legales y Sociales/ Asociación Civil Federativa boliviana/ Secretaría de Derechos Humanos CEDYCS – UBA/ Asociación Civil y Cultural Yanapacuna/ Corriente Política 17 de Agosto/ Radio Gráfica FM 89.3/ Mujeres Unidas en Acción/ Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay (IEALC-FSOC-UBA)/ Asamblea Coro Mayta/ Radio La Milagrosa/ Frente de Mujeres del Encuentro por la Democracia y la Equidad (EDE) CABA/ Fundación Encuentro para el Estudio de Políticas Públicas/ Cualderecho/ Comisión de Derechos Humanos del Bajo Flores/ Partido Nacionalista Peruano/ Federación Paraguaya en Argentina/ CTA Capital/ Corriente Política USINA/ Casa USINA Barracas/ CIDAC (Barracas- Filosofía y Letras- UBA)/ Asociación Dominicanos Residentes en Argentina/ Casa Peruana/ Buenos Aires Para Todos en Mov. Proyecto Sur/ Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP)/ ADC/ Mujeres Peruanas Unidas Migrantes y Refugiadas/ FACBOL/ FM Constelación 98.1/ FILEF (Foro Italiano Laboral de Emigración y Familia)/ IARPIDI (Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración) / UEJEN(Union de Empleados Judiciales de la Nacion)/ Secretaria de Derechos Humanos CGT/ Juventud Sindical Capital Federal/FEDEVI/Observatorio de Derechos Humanos

Fila en la puerta del Tribunal Superior esperando para empadronarse.

Nota de "Noticias Urbanas"

2011-04-08T09:19:00.000-07:00

Continuan las repercusiones por la campaña aquí vivo, aquí voto, además de la nota que pueden leer acá mismo, les dejamos el link a la nota de Gente BA: Click Acá

ELECCIONES 2011
Amparo para que extranjeros voten en Capital

El CELS, el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad y la Secretaría de Derechos Humanos del Centro de Estudiantes de Derecho de la UBA presentarán mañana un amparo judicial, en el marco de la campaña "Aquí vivo, aquí voto". Se busca el empadronamiento definitivo de los ciudadanos extranjeros con residencia permanente en la ciudad.

Por Clarisa Ercolano

Un amplio abanico de colectividades de migrantes, organizaciones sociales, políticas y sindicales de la Ciudad de Buenos Aires continúan llevando adelante la campaña "Aquí vivo, aquí voto", que propone el empadronamiento definitivo de los ciudadanos extranjeros con residencia permanente en la ciudad. En este sentido, durante el proximo lunes 11 el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad, la Secretaría de Derechos Humanos del Centro de Estudiantes de Derecho de la UBA-Agrupación 14BIS , presentarán un amparo judicial que exige una prórroga en el plazo de incorporación de los extranjeros en el registro de electores al padrón de las elecciones 2011 en la ciudad.

Es que ante la campaña, el Tribunal Superior de Justicia había informado que la inscripción “está permanentemente abierta” pero que para las elecciones del 10 de julio “sólo podrán votar los extranjeros que se hayan inscripto 180 días antes de la elección”.

La demanda también está basada en el “incumplimiento sistemático por parte del Gobierno de la Ciudad de informar sobre el derecho a voto que tienen los ciudadanos extranjeros con residencia permanente, tal como lo establece el Artículo 11 de la Ley 334”.

Asimismo, el amparo exige que se amplíen las sedes de inscripción a los registros civiles y los CGPs, ya que hasta hoy sólo está habilitado el Tribunal Superior de Justicia como sede de empadronamiento, incumpliendo con lo establecido en la Ley 334 en relación a la accesibilidad del derecho y el deber del Gobierno de la Ciudad de facilitar los mecanismos de empadronamiento.

“El derecho a elegir y ser elegido es un derecho de todos y todas, que promueve la integración y la cohesión entre los habitantes y profundiza la democracia”, comunicaron los organismos participantes.

Sumate a la campaña Aquí vivo, Aquí voto

2011-04-04T08:53:00.000-07:00

Seguimos con el empadronamiento los próximos sábado y domingo (9 y 10 de abril), durante todo el día.

Si querés participar con nosotros, mandanos un mail a 14bisddhh@gmail.com

Estaremos en:

Barracas: Iguazú 1560. Casa Usina.

Villa 31: Centro cultural "El campito" Manzana 23 casa 30 Barrio YPF.

El domingo que viene, 10 de abril, tendrán lugar las elecciones presidenciales en Perú. Estaremos difundiendo la campaña Aquí vivo, Aquí voto, en el Centro de Exposiciones de La Rural, en Palermo (donde votan los ciudadanos peruanos residentes en Argentina).

Además, el empadronamiento masivo en el marco de la campaña será el miércoles 13 de abril a las 9 hs en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Cerrito 760 - C. A. B. A.

Nos vemos ahí.

Más repercusiones

2011-04-03T10:18:00.001-07:00

Desde la Secretaría de DDHH del Centro de Estudiantes seguimos impulsando, junto a muchas otras organizaciones de DDHH de la Ciudad, la campaña por los derechos políticos de los residentes extranjeros en la Ciudad.

Les dejamos los links a varios de los medios que hacen referencia a la campaña:

http://www.diariorumbosur.com/web/news!get.action;jsessionid=18B90444526DD79EA5DD77AB093690DE?news.id=32399&news.title=Se-lanza-la-campa%C3%B1a-%22Aqu%C3%AD-vivo%2C-aqu%C3%AD-voto%22

http://noticias.terra.com.ar/impulsan-empadronamiento-de-extranjeros-que-viven-en-la-ciudad,670af046ff11f210VgnVCM3000009af154d0RCRD.html

http://www.elpatagonico.net/index.php?item=viewlast&ref=ultimas&id=208690&sec=pol

http://ar.noticias.yahoo.com/impulsan-empadronamiento-extranjeros-viven-ciudad-20110401-095901-268.html

http://www.la5pata.com/inicio/2011/03/31/este-sabado-se-lanza-la-campana-aqui-vivo-aqui-voto/

http://iarpidi.org/2011/03/31/se-lanza-la-campana-aqui-vivo-aqui-voto/

http://nengumbicelestin.blogspot.com/2011/03/se-lanza-la-campana-aqui-vivo-aqui-voto.html

http://www.noticiasurbanas.com.ar/info_item.shtml?sh_itm=ffceb70e3df198ddc2dc826afc311c2e

http://cuestioncultural.blogspot.com/2011/03/informacion-para-votar-residentes-en.html

http://www.embajadadebolivia.com.ar/

http://www.embajadadebolivia.com.ar/textos/Buenos%20Aires.htm

http://www.radiografica.org.ar/2011/04/02/2948/

http://www.tdm.com/Noticias-destacadas/2011/04/01/Argentina-Se-lanza-la-campaa-Aqu-vivo-aqu-voto/UPI-74611301691915/

http://noticiasmexico.info/2011/04/01/argentina-se-lanza-la-campana-aqui-vivo-aqui-voto/

http://www.agenciacomunas.com.ar/nota.asp?notaid=78847

http://agenciapacourondo.com.ar/kirchnerismo/2976-se-lanza-la-campana-qaqui-vivo-aqui-votoq.html

Sigue la campaña Aquí Vivo, Aquí Voto

2011-04-03T09:30:00.000-07:00

Les dejamos las repercusiones de la campaña en PERFIL, claramente cegadas por la obstinación en polarizar con el gobierno nacional y el intento por victimizar a Macri en lugar de resaltar la necesidad de igualar derechos. Una vez más, vemos que cuando desde la universidad nos disponemos a construir de cara a la sociedad se puede, y se logra, mucho.

La Nota

empadronamiento masivo para votar

Residentes extranjeros quieren darle un escarmiento a Macri

Por G.A.

Las comunidades de inmigrantes residentes en la Ciudad de Buenos Aires lanzaron ayer una campaña para empadronar a sus representados y que puedan votar en las próximas elecciones para jefe de Gobierno. Los participantes aseguran que el Gobierno es reticente a incorporarlos porque el caudal de votos iría en contra de las aspiraciones de PRO. “Hay mucho enojo por los dichos xenófobos de Macri y Rodríguez Larreta luego de la toma del Parque Indoamericano. Mucha gente lo hubiese votado, o lo hizo en las últimas elecciones, pero ahora no”, indicó una fuente de la campaña. Además de las comunidades, participaron de la convocatoria organizaciones sociales y entidades políticas (ver recuadro).

Según la organización, hay 340.960 extranjeros en condiciones de votar, pero apenas figuran en los listados 11.807. Actualmente, pueden votar todos los extranjeros con residencia permanente en la Ciudad, aunque no hayan tramitado aún el DNI. Sin embargo, para hacerlo deben antes anotarse de forma voluntaria en el registro de electores, un trámite que, según las comunidades, no es nada fácil. Por eso, el objetivo principal de la campaña es informar y concientizar a los posibles votantes.

“El mecanismo actual no es ágil, el empadronamiento debería ser automático. ¿Qué pasaría si todos los argentinos tuviésemos que empadronarnos para votar?”, se pregunta Gabriela Carpinetti, secretaria de Derechos Humanos del Centro de Estudiantes de Derecho de la UBA, una de las entidades patrocinantes.

Para eso, se instalaron diez mesas de difusión en barrios con gran cantidad de inmigrantes (Liniers, Villa 31, Villa 1.11.14 y Floresta, entre otros). Se convocará, además, a un “empadronamiento masivo” para el 13 de abril: todos los interesados irán juntos a la sede del Tribunal Superior de Justicia para anotarse. “Los gobiernos sistemáticamente vienen dificultando el empadronamiento. Originalmente iba a poder realizarse en cualquier CGP o registro civil, pero esto nunca pasó y se lo limitó al Tribunal en horario en que la mayoría está trabajando”, se queja Carpinetti.

El siguiente objetivo será obtener una prórroga para la confección de padrones. Según la ley electoral, deben estar listos 180 días antes de las elecciones, pero el jefe de Gobierno las convocó para el 10 de julio, dentro de poco más de tres meses. Una vez conseguido esto, se buscará que los inmigrantes puedan ser elegidos como representantes comunales, algo que actualmente no está permitido.

“Hay cerca de 250 mil bolivianos en condiciones de votar, y es casi seguro que no lo harían por este gobierno. Como se dan cuenta, dificultan el empadronamiento”, considera Alfredo Ayala, presidente de la Asociación Civil Federativa Boliviana. Y agrega: “Es importante que podamos votar, porque si no los políticos nunca nos van a tener en cuenta y nos van a seguir despreciando”.

Sigue

Los apoyos opositores

Entre las organizaciones que participan de la campaña figuran varias con un perfil político definido, y opositor al gobierno de PRO, que las comunidades creen que sería el principal perjudicado si todos los inmigrantes se empadronaran.

Por el lado del kirchnerismo, se cuentan la Corriente Política 17 de Agosto, que apoya al ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, y La Cámpora, que si bien no adhiere formalmente, algunos de sus miembros ayudaron en las mesas. El CELS también participó.

Proyecto Sur, la segunda fuerza política en la Legislatura, estuvo a través de Buenos Aires para Todos, de Claudio Lozano y Fabio Basteiro. También estuvo la rama femenina del Partido Encuentro por la Democracia y la Equidad, cuyo referente nacional es Martín Sabbatella.

Los dichos contra la presunta “inmigración descontrolada” podrían jugarle en contra al jefe de Gobierno.

2011-04-02T10:06:00.001-07:00

CAMPAñA PARA QUE LOS EXTRANJEROS CON RESIDENCIA PUEDAN SUFRAGAR EN LA CIUDAD

Los inmigrantes quieren votar

Agrupaciones de residentes extranjeros y organizaciones políticas y de derechos humanos se movilizan desde hoy para que la Ciudad cumpla con un mandato de su Constitución: el empadronamiento de los inmigrantes con residencia.

Por Pedro Lipcovich

Diversas agrupaciones de residentes extranjeros, apoyadas por organizaciones políticas y de derechos humanos, se movilizan desde hoy para que la Ciudad de Buenos Aires cumpla con un desatendido mandato de su propia Constitución: propiciar que los residentes extranjeros puedan votar para elegir autoridades locales. Una ley del año 2000, si bien requiere que estos vecinos se inscriban en padrones especiales –en vez de quedar inscriptos automáticamente, como los demás–, por lo menos permite que se inscriban en cualquier registro civil y en CGP y centros comunitarios. Pero esto no se cumplió nunca: para empadronarse deben ir al Superior Tribunal de Justicia. Esto, y la falta de campañas de información, llevan a que poco más de 11.000 extranjeros estén empadronados, sobre un total que se acerca a 350.000, o sea el 10 por ciento de la población de la ciudad. “Al no ser votantes, los políticos no se ocupan de ellos”, observó un investigador de la Universidad de Lanús. La vigencia del problema se acentúa con la próxima elección de juntas comunales: “Es esencial que los residentes puedan intervenir en la gestión de lo que les concierne en forma inmediata”, destacó un representante del CELS.

La campaña “Aquí vivo, aquí voto” impulsa “una reforma legislativa para garantizar el empadronamiento automático” y “una reforma de la Ley de Comunas para que los extranjeros puedan, también, ser elegidos”. Para el miércoles 13, convocan a un “empadronamiento masivo”, desde las 9 de la mañana, en Cerrito 760. Según advirtió Natalia Belmont –representante de la Corriente Política 17 de Agosto–, “presentaremos también un amparo judicial para obligar al Ejecutivo de la Ciudad a dar la debida difusión y a habilitar los registros civiles como sedes de empadronamiento; también impulsamos una sumatoria de firmas con estos pedidos”.
Entretanto, “en las próximas elecciones para las comunas, la mayoría de nosotros no podrá participar, y ninguno podrá ser elegido”, deploró Lilian Camacho, integrante de la Red Comunicacional Boliviana en la Argentina, y dio un ejemplo: “Se habla del hacinamiento de personas bolivianas que viven en talleres clandestinos de costura, pero se omite la relación con los conflictos habitacionales del sur: es más caro alquilar en Floresta que en Recoleta, lo cual no es ajeno a la competencia de las comunas”.
Es que, como señaló Pablo Ceriani –coordinador del Programa Migración y Derechos Humanos de la Universidad de Lanús–, “como estas personas no votan, los actores políticos les prestan muy poca atención, lo cual incrementa su grado de exclusión social. ¿Qué clase de democracia es ésta donde el diez por ciento de la población en condiciones de votar no participa?”.
La Constitución porteña otorga derecho al voto en las elecciones locales a los extranjeros con residencia permanente en la ciudad. La ley 334, de 2000, dispone un padrón separado para extranjeros; poco después, una acordada del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad ordenó al gobierno porteño admitir la inscripción en todos los registros civiles y eventualmente en organismos como los CGP y las sedes de colectividades extranjeras, a donde los residentes suelen acudir. Pero ningún gobierno cumplió. “Tampoco se efectuaron las campañas de difusión e información que hubieran sido indispensables”, observó Diego Morales, director de programa del CELS. Hasta la fecha, el único lugar de inscripción es la sede del Superior Tribunal de Justicia, en Cerrito 760. En estos años sólo se empadronaron 11.807 personas.
El objetivo de máxima de la campaña “Aquí vivo, aquí voto” es que el empadronamiento sea automático –como para los demás ciudadanos– y que los extranjeros también sean habilitados para ejercer cargos en las juntas comunales. El derecho al voto en elecciones locales para residentes extranjeros existe también en la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Santa Fe y otras localidades; al igual que en la ciudad de Buenos Aires, se requiere su inscripción en un padrón especial. Ceriani comentó que “países europeos como Bélgica y los escandinavos ya reconocieron el derecho a elegir y ser elegidos en los niveles locales, sin padrón separado”. Según subrayó Morales, “la importancia de que los residentes puedan decidir en aspectos de gestión que les conciernen se acrecienta a partir de la organización en comunas: por ejemplo, el Parque Indoamericano quedará bajo jurisdicción de una comuna”.
En la movida que se inicia hoy participan también la Asociación Civil Federativa Boliviana, Buenos Aires para Todos, la Casa Peruana, la Asociación Dominicanos en Argentina y decenas de entidades más. Hoy habrá mesas de difusión en Cosquín y Rivadavia, barrio de Liniers; Iguazú 1560, Barracas; Corrientes 2465, Once; Bonorino y Castañares, Bajo Flores, así como en la Villa 31 y otros barrios.

Respuesta del INADI a la denuncia de 14bis

2011-03-31T19:08:00.000-07:00

Ante la denuncia que realizamos el año pasado desde la secretaria de dd.hh a Rodriguez Larreta por sus declaraciones racistas, recibimos una interesante respuesta del INADI. Los invitamos a leer el texto completo del fallo o las conclusiones del mismo que adjuntamos a continuación:

Conclusiones:

Xenofobia en el diario La Nación

2011-03-31T18:44:00.001-07:00

Adjuntamos una nota de opinión en respuesta a la editorial del diario La Nación, Sin política inmigratoria, publicada el día 12 de marzo de 2011. La nota fue elaborada por Pablo Ceriani, Coordinador del Programa Migración y Derechos Humanos del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), con la colaboración de los/as demás integrantes del equipo de trabajo del Centro.

Clik aquí para ver la nota

Megamineria y Derecho

2011-03-28T19:17:00.000-07:00

Este viernes en el aula 1 de extensión de la facultad,

Disertarán:
-Selene Herrera:
Abogada de Asamblea el Algarrobo, Andalgalá, Catamarca.
-Horacio Machado Araóz:
Docente de la Universidad Nacional de Catamarca. Becario de investigación en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

2011-03-28T06:52:00.000-07:00

EL CIRCUITO DE BANCOS INTERNACIONALES QUE BLANQUEA LAS FORTUNAS DE LOS TIRANOS

La ruta del dinero

Es un crimen de cuello blanco de lesa humanidad, ya que sin la complicidad financiera las dictaduras no podrían sostenerse. Los miles de millones que se roban cada año de los países más pobres siempre siguen el mismo camino, que lleva a los mayores bancos de las democracias occidentales.

Por Eduardo Febbro

Desde París

Un crimen contra la humanidad. Silencioso, sin violencia aparente. Una espantosa empresa de expoliación de los recursos de los pueblos llevada a cabo con la inacabable complicidad del sistema bancario mundial. Las fortunas de los dictadores duermen en los bancos occidentales el fructuoso sueño de los beneficios mientras decenas de miles de personas se mueren de hambre o sin medios para pagar un tratamiento contra el sida.

Jean Claude Duvalier en Haití, Ben Alí en Túnez, Hosni Mubarak en Egipto, Joseph Mobutu en el Zaire (hoy República Democrática del Congo), Sanu Abacha en Nigeria, Omar Bongo en Gabón, Manuel Noriega en Panamá, Mu-ssa Traoré en Malí, Augusto Pinochet en Chile, Muammar Khadafi en Libia, Ferdinando Marcos en Filipinas y Sassu N’Guesso en Congo Brazaville, las fortunas de estos tiranos diplomados depositadas en los bancos internacionales o transformadas en fabulosas inversiones inmobiliarias en Londres, París, Nueva York o Dubai sobrepasan la imaginación.

Hace unos días, la Unión Europea decidió congelar los haberes del fondo soberano libio, el Libyan Investment Authority, LIA, y del banco central libio. Ambos depósitos representan 150 mil millones de dólares. Colosal. La revista de gestión de activos My Private Banking calcula que 33 por ciento de las fortunas de Africa y de Medio Oriente depositadas en el extranjero están en los bancos suizos, lo que representa 74 mil millones de dólares. Cada año, entre 20 mil y 40 mil millones de dólares salen ilegalmente de los países en vías de desarrollo. En los últimos 15 años sólo 5 mil millones fueron restituidos. Suiza maneja el 30 por ciento de los haberes offshore del mundo y Londres una cuarta parte.

Los déspotas o políticos corruptos que llevan la plata al exterior tienen un nombre específico en el lenguaje bancario: Politically exposed individuals. Ello no les impide, sin embargo, la posibilidad de colocar su dinero donde se les antoje. Los hay de todos los colores. Los muy eficaces y discretos “shadow banking” (bancos de la sombra) se encargan de reciclar el dinero manchado de sangre. La prensa inglesa calculó que la fortuna del clan Mubarak asciende a cerca de 70.000 millones de dólares. El dictador tunecino ha sido mucho más modesto en la expoliación de su pueblo, con una fortuna de 5000 millones de dólares, prácticamente la mitad de lo robado por el déspota Ferdinando Marcos en Filipinas durante el cuarto de siglo en el que martirizó a su país, unos 10 mil millones. Ante estos tres, el dictador haitiano Jean-Claude Duvalier, Baby Doc, parece un pobretón con sus 200 millones de dólares transferidos a Suiza. Y el pobre Augusto Pinochet y sus 20 millones de dólares robados se asemeja a un triste mendigo de barrio rico. Los había depositado en el Riggs Bank de Estados Unidos y, desde luego, en paraísos fiscales.

El ex presidente de Gabón Omar Bongo tiene 39 propiedades en Francia, 70 cuentas bancarias y 9 autos de lujo. Sassu N’Guesso cuenta con 18 propiedades y 112 cuentas bancarias abiertas en Francia. Al cabo de interminables procesos judiciales, la Justicia francesa aceptó que se abriera una investigación sobre esos “bienes mal adquiridos”. El sociólogo y político suizo Jean Zigler, hoy vicepresidente del Consejo de Derechos humanos de la ONU, calcula que “de los 905 mil millones de haberes extranjeros en Suiza, 280 mil millones provienen de los países de Asia, América latina y Africa. En el 90 por ciento de los casos, se trata de plata robada a los pueblos más pobres del planeta”.

Los inescrupulosos Joseph Mobutu de Zaire, Sanu Abacha de Nigeria, Omar Bongo de Gabón y Mussa Traoré de Malí son un ejemplo ilustrado del análisis de Jean Zigler. Al cabo de cinco años de un poder despótico, el nigeriano Abacha aspiró 2200 millones de dólares de las cajas del Estado. El maliense Traoré tenía 2400 millones de dólares en Suiza y Mónaco. La Confederación Helvética identificó 3400 millones de dólares pertenecientes al ex presidente del Zaire Joseph Mobutu –34 años en el poder– y esa suma no es más que una fracción de los 10 mil millones que se llevó. Un informe del Banco Mundial calculó moderadamente que los fondos robados cada año por los dictadores a sus pueblos oscilan entre 20 mil y 40 mil millones de dólares. La sed de esos asesinos de sus propias sociedades con la complicidad del sistema bancario internacional no tiene límites. La impunidad y la connivencia de Occidente son perfectamente asimilables a crímenes contra la humanidad cuando se sabe que apenas 100 millones de dólares permiten tratar durante un año a 600 mil personas enfermas de sida. Y, sin embargo, en el seno del famoso y moralizador G-20, países como Alemania y Japón todavía no ratificaron la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, Cnucc, la Convención de Mérida, como lo hizo Argentina en 2006.

Las rutas de esa expoliación son conocidas por todos: Londres, Luxemburgo, Suiza, Bélgica, Mónaco, las islas anglonormandas o las islas Caimán. El dispositivo Stolen Assets Recovery que la ONU y el Banco Mundial emplean para combatir la corrupción choca a menudo con las argucias legales. El Stolen Assets Recovery colaboró con el Estado haitiano en el procedimiento legal con vistas a la restitución de 7 millones de dólares de la familia del dictador Jean-Claude Duvalier congelados en Suiza. El Estado suizo se prestó al juego pero, luego, la Corte Suprema helvética anuló la querella.

Sin embargo, para los actores de la anticorrupción, las revueltas en el mundo árabe y la posterior ola de bloqueo de cuentas y congelamiento de fondos hará cambiar las cosas. Daniel Lebègue, presidente de Transparencia Internacional Francia, destacó que “se ha recorrido en tres semanas más camino que a lo largo de 15 años”. Las tribulaciones político-financiero-militares de Muammar Khadafi demuestran hasta el absurdo cómo el sistema financiero internacional, cuyo corazón está en las grandes democracias de Occidente, desempeña un papel clave en la protección de los fondos de los dictadores. Hasta 2003, Libia no participaba en el mercado mundial de las finanzas. A partir de ese año Khadafi se reconcilió con Occidente y Libia dejó de estar bajo el peso de las sanciones internacionales. Occidente le abrió las puertas de sus capitales, de sus bancos, de sus empresas y de la ONU. En 2006 el régimen de Trípoli copió el modelo de los famosos fondos soberanos de los países del Golfo y creó el LIA, Libyan Investment Authority.

Ese fondo, cuyas oficinas están en Trípoli y Londres, mueve entre 65.000 y 75.000 millones de dólares. El Tesoro norteamericano bloqueó hasta hoy 32.000 millones. El LIA invirtió sus capitales en grandes empresas italianas (bancos, la Fiat, Finmeccanica) y en empresas-pantalla en Francia y Gran Bretaña, entre otros países. Pero de soberano no tiene nada. En vez de beneficiar al pueblo libio el LIA está controlado enteramente por uno de los hijos de Khadafi, Seif al Islam. El bloqueo de las cuentas personales de Khadafi y de diez de sus allegados permitió que Londres inmovilizara 1500 millones de dólares del dictador y de cinco miembros de su familia. Pero esa suma es una “propina” al lado de la fortuna real escondida en el exterior y calculada en 14.000 millones de dólares.

El obstáculo mayor radica en cómo identificar los fondos. Tony Wicks, especialista del blanqueo de dinero y director de Nice Actimize, una empresa especializada en luchar contra el fraude, destaca que la transcripción de los nombres árabes es una de las grandes argucias para evitar ser descubierto. “En Francia, Estados Unidos o Gran Bretaña el nombre de Khadafi puede escribirse Gaddafi o Qadafi. Hemos calculado que con el nombre y el apellido completo de Muammar Khadafi se pueden hacer 115.000 combinaciones posibles.”

La ONG británica Global Witness formuló dos preguntas pertinentes que abarcan la conducta occidental frente a los dictadores: ¿Esos dinosaurios asesinos hubiesen permanecido en el poder sin la complicidad bancaria de las grandes democracias? ¿Hubiera sido necesaria una intervención militar en Libia si los bancos occidentales se hubiesen rehusado a trabajar con la plata de Khadafi? Sin duda, nada habría sido igual. “Al aceptar ese dinero, los bancos propiciaron esos regímenes brutales y les permitieron pagar a sus amigos políticos, falsear elecciones y aterrorizar a sus poblaciones”, anota Global Witness.

En lo que atañe a las fabulosas fortunas resguardadas en el extranjero por el egipcio Hosni Mubarak, el tunecino Ben Alí o el mismo Khadafi, Anthea Lawson, responsable de la campaña Cleptocracia en Global Witness, acota que “los bancos nunca hubiesen debido aceptar ese dinero ni los gobiernos permitir que lo hicieran”. Pero el dinero no tiene olor. Salga de un prostíbulo, de un paquete de cocaína, de los circuitos encorbatados y sucios del sistema financiero internacional o de la sangre de los pueblos oprimidos por los déspotas del mundo, el dinero siempre llega limpio al mismo lugar: los bancos.

24 de marzo

2011-03-23T20:43:00.000-07:00

Se avecina un nuevo aniversario del 24 de marzo, y como todos los años, y a pesar de los feriados puentes que ponen la cabeza más en una escapada que otra cosa, nos preguntamos qué es lo que se conmemora. Durante la dictadura, festejaban un año más de violación a la Constitución y cuando terminó era un día que condensaba el más profundo dolor. Con el tiempo ese mismo dolor se fue transformando en un día que hicimos propio, donde la bandera del Juicio y Castigo, con las Madres y Abuelas a la cabeza, se puso a la ofensiva contra un aparato político que parecía (sobre todo desde el final de la década del 80) decididamente encaminado a garantizar la impunidad. Recién a partir del 2003 este aparato comenzó a resquebrajarse, cuando el reclamo político histórico, producto de una pelea que empezó en la misma dictadura, es receptada por los fallos de la Corte y por la Ley de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final. De este modo se termina con el esquema jurídico montado hacia finales de la década del ochenta para garantizar la impunidad y poner un manto de silencio sobre las atrocidades cometidas.
En el año 2006, se declaró por Ley el 24 de marzo como el día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Pero, ¿qué significa “día de la memoria”? ¿No deberíamos recordar estas atrocidades todos los días? ¿O vivir recordando implica no poder mirar hacia adelante? Existen muchas teorías sobre cómo debería jugar la memoria en relación a estos sucesos.
El reconocimiento al día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia fue la culminación de diversas políticas de Estado que se dieron con anterioridad. El 25 de marzo de 1998 se sancionó la derogación (Ley N° 24.952) de las leyes de obediencia debida y punto final; el 21 de agosto de 2003 se declararon nulas (Ley N° 25.779). Ambas leyes fueron producto de una discusión jurídica llena de contenido político que mostraba el interés de una sociedad que exigía la investigación por parte del Estado de lo sucedido durante los años de plomo. La última de estas dos leyes dio el puntapié inicial para reabrir esas causas que ya estaban llenas de polvo en el subsuelo del Palacio de Justicia, y para abrir esas nuevas que por falta de pruebas no se habían empezado antes.
Con el pasar de los años, el reclamo de la sociedad argentina por una revisión de la historia se hizo cada vez más fuerte. Si bien el abordaje del reclamo no se debe limitar únicamente a lo jurídico, el Poder Judicial juega un rol fundamental en la satisfacción de la demanda popular de justicia y de revisión de la historia que la dictadura nos quiso contar, y que el aparato político que la sucedió no tuvo empacho en repetir.
Hoy vemos que como conjunto podemos luchar por la verdad y exigimos que se cuenten las cosas como son, revisando esa historia que quiso pasar por alto a los 30 mil compañeros desaparecidos, los 150 mil presos y los miles de exiliados.
Junto al proceso que se inició con el golpe de estado del 16 de septiembre de 1955, o más bien tres meses antes con el bombardeo a la Plaza de Mayo, comenzó un proceso desde el Estado para intentar alejar a la gente de la vida política. Ya fuera a través del miedo, del miedo a la muerte o a las torturas, desde la falta de transparencia de los mecanismos y funcionamiento estatales, la persecución ideológica y la estimulación de la conciencia individual, el objetivo era uno: romper los lazos de solidaridad social, el mensaje de “no te metás”.
En los últimos años hemos conseguido repetidas condenas a cadena perpetua a personajes como Menéndez, Videla, el Turco Julián o Von Wernich. Hemos combatido contra los privilegios carcelarios de los genocidas y hemos visto y escuchado atrocidades destinadas a ocultar la verdad y parar los juicios, como fueron la sorpresiva muerte de Febrés o la desaparición de Julio López.
Pero este proceso por la verdad sigue teñido de intereses políticos [reaccionarios], por esto creemos que un abordaje que se limite a lo jurídico, queda pobre. Lo jurídico es una herramienta que tiene la política para reescribir la historia. Creemos que tenemos que seguir luchando, incomodar a los centros de poder que por intereses individuales o económicos intentan día a día seguir ocultando la verdad. Es nuestro deber continuar la pelea por saber la verdad, y que de este proceso resulte el compromiso de toda la sociedad para que estas atrocidades no vuelvan a suceder.
Los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández tuvieron la atinada política de reconstruir la historia para planificar otro futuro. La nulidad de las leyes, el mayor presupuesto y apoyo al Cuerpo de Antropólogos Forenses, la creación de Secretarías dedicadas a la investigación de estos temas, son aportes que se hicieron desde el Estado Nacional para contribuir a la lucha histórica de los organismos, Madres, Abuelas, HIJOS, Familiares, etc., para no olvidar y reivindicar las voces que los genocidas intentaron acallar. Nosotros no miramos para atrás para paralizarnos en el pasado, buscamos aprender para seguir construyendo sobre los logros de nuestros compañeros.
Por todo esto es que creemos que este día es para juntarnos y recordar, para poder juntos pensar y transitar el futuro. Elegimos este día porque es el día que ellos elegían para festejar y no queremos que eso siga pasando, elegimos este día porque es el aniversario del último golpe de Estado. Pero también el resto del año luchamos para que no se olvide, luchamos todos por la verdad y la justicia.

2011-03-22T08:32:00.000-07:00

Juicio oral por torturas en la cárcel de Devoto

El próximo 30 de Marzo y 4 de Abril de 2011 tendrá lugar el juicio oral por hechos de tortura llevados a cabo en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ex Unidad 2 de Devoto).

En dicho debate se procesará a los agentes del Servicio Penitenciario Federal Maximiliano Carlos Barresi y Néstor Iñiguez por los hechos de la madrugada del 3 de julio de 2007, día en el que un grupo de detenidos ingresó a la unidad mencionada.

En dicha ocasión, fueron sometidos a una “Bienvenida”, práctica habitual por parte de los penitenciarios al momento en que una persona privada de la libertad ingresa a una cárcel.

La referida práctica consiste en una serie de golpes, patadas y diversos tratos humillantes, que configuran el delito de tortura.

Las secuelas físicas de las víctimas de este caso fueron comprobadas mediante informes médicos, fotografías y otras constancias que constan en la causa.

También se recogieron testimonios concordantes que resaltan el carácter habitual y sistemático del castigo asestado por el grupo de agentes que llevó a cabo el procedimiento de requisa a los recién llegados:

“… al ingresar a Devoto, (fui) derivado a un salón grande denominado “Leonera”, junto con otros detenidos (…) Que la golpiza recibida es a manera de “bienvenida” (…) empezaron a pegarme en todas partes del cuerpo, incluso con algún elemento como por ejemplo, el palo de goma que utilizan los del servicio, lo mismo que a las demás personas (…)” (fs. 67/69); otra de las víctimas manifestó que “recibió lo que se denomina “la bienvenida”, esto es, una serie de golpes de mayor o menor intensidad que el personal del servicio penitenciario aplica a los internos que ingresan al centro de detención.” (fs. 75/76); un tercero declaró que “… nos hicieron salir de la “leonera” en donde estábamos esperando, para pasar a un pasillo, donde desnudos nos obligaron a ponernos contra la pared, oportunidad en la que varios integrantes del servicio penitenciario federal comenzaron a darnos la “bienvenida”, esto es, a darnos golpes por todas partes del cuerpo. En mi caso dos integrantes me daban trompadas en la zona del tórax y el abdomen, patadas en los tobillos y cachetadas en la cara y cabeza. Esa golpiza duró aproximadamente quince minutos. (…) recuerdo que a algunos, como por ejemplo a un señor de mayor edad, le dieron más cantidad de golpes y de mayor intensidad, llegando a vomitar sangre por la boca. Luego de esos quince minutos, fuimos llevados a otra leonera interna, donde nos hicieron esperar, para luego hacernos pasar de a dos por vez a un escritorio que había al final de la leonera y allí un funcionario del Servicio que creo recordar llevaba una camisa blanca, tenía un papel que te obligaban a firmar antes de hacerte ingresar en el pabellón de destino. Mientras este funcionario te hacía firmar, había cuatro integrantes más del servicio que me daban golpes por todas partes del cuerpo, a la vez que me obligaban a contestar preguntas que me hacían, bajo la fórmula o expresión “… si Señor … no Señor”; (fs. 96/97); un cuarto testigo señaló “(…) bajé solo hasta un lugar del que no recuerdo su denominación, pero que es donde se da la “bienvenida”. Yo estuve ya detenido en otra oportunidad en Ezeiza y allí la “bienvenida” consiste en un leve cachetazo aplicado casi sin fuerza, en cambio, en devoto la cosa es mucho más violenta, sobre todo en los días en que hay un acontecimiento negativo, como ser por ejemplo, que pierda algún equipo de fútbol con el que simpatizan los integrantes del servicio (…) De la misma manera, si el detenido es extranjero, como en mi caso, la bienvenida en Devoto se pone más violenta. Además, el día de ingreso, varios de los integrantes del servicio tenían aliento a alcohol. (…) En la leonera hay un escritorio de metal donde había una persona sentada de la que solo recuerdo que era gordito, el que hacía las preguntas y a quien había que contestarle con la fórmula “si señor, no señor”. En cuanto a los golpes que se propinaban allí, son de distinta forma. Se aplican patadas “voladoras”, golpes con los palos que utilizan y de puño en cualquier parte del cuerpo (nuca, cara, etc.)” (fs. 133/134).

Datos de la causa

Causa Nº: 2994

Carátula: “BARRESI, Maximiliano Carlos e IÑÍGUEZ, Néstor s/imposición de vejaciones a presos en concurso ideal con lesiones reiteradas (dos hechos)”

Fecha de audiencia: 30/03/2011 y 4/04/2011, 9:30 hs

Lugar: Sala de Audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 (Talcahuano 550 6to piso Oficina 6115)

La denuncia fue presentada por la Procuración Penitenciaria de la Nación, y fue sorteada al Juzgado Nacional de Instrucción Nº 40 Sec. 139, con el nro. de causa 40.148/2007 caratulada “Unidad 2 SPF s/ imposición de tortura”. La investigación la llevó a cabo la Fiscalía Nacional de Instrucción Nº 3 con el nro. I-03-12691/2007, hasta que fue elevada al Tribunal Oral en lo Criminal 4.

Cabe destacar que usualmente las causas en las que se denuncian delitos de tortura y malos tratos, son archivadas poco tiempo después de presentada la denuncia; asegurando, de esta manera, la impunidad de los funcionarios públicos que cometen estos delitos aberrantes.

El hecho de que la causa en cuestión llegue a la instancia de debate es de suma importancia, así como la difusión y asistencia a dicha audiencia.

Este lunes, en la facultad de derecho

2011-03-18T16:55:00.001-07:00

Mesa de encuentro contra la dicriminación

2011-03-18T16:47:00.000-07:00

Adjuntamos el flyer de la actividad realizada en diciembre pasado:

Larreta, denunciado por 14bis ante el INADI

2011-03-18T16:42:00.000-07:00

Transcribimos la denuncia que realizamos en diciembre de 2010 por xenofobia y discriminación:

La Secretaría de Derechos Humanos del Centro de Estudiantes de la  Facultad de Derecho de la UBA (CEDyCS), a cargo de la Agrupación Estudiantil 14bis, denunció al jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ante el Instituto Nacional contra la  Discriminación, Xenofobia y el Racismo (INADI) por sus declaraciones "claramente discriminatorias y violatorias de pactos internacionales".

La denuncia, presentada por la  Secretaría se refiere a las declaraciones que realizó Rodríguez Larreta justificando el violento desalojo en Villa Soldati, al expresar que "la Ciudad de Buenos Aires no puede resolver el problema de vivienda de los porteños y además de gente del exterior".

Larreta se había referido a la ley migratoria argentina como "una ley de la selva, muy permisiva respecto de la migración". "Viene la gente y al poco tiempo de estar en la Argentina pide una vivienda, usurpa y después viene el juez Gallardo que obliga al Estado a dar una vivienda", se quejó el funcionario.

En su presentación, la Secretaría de DD.HH del CEDyCS aseguró que las expresiones del jefe de Gabinete "denotan una discriminación negativa por nacionalidad en el acceso a derechos económicos, sociales y culturales consagrados en la Constitución de la Ciudad y de la Nación".

En ese sentido, la Secretaría defendió la Ley Nacional de Migraciones cuestionada por Rodríguez Larreta y sostuvo que la norma "resulta un paso fundamental para la entrada en vigencia de la normativa exigida por organismos internacionales de derechos humanos".

"En este marco de progresividad normativa a nivel nacional en materia migratoria, las declaraciones del Jefe de Gabinete de Ministros resultan un retroceso que desde la organizaciones democráticas de la sociedad civil debemos denunciar", concluye la presentación. ﻿

A partir de acá el texto de la denuncia:

El Jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires incurrió en un conjunto de declaraciones referidas a los episodios de ocupación, desalojo y represión ocurridos en el Barrio Porteño de Villa Soldati, claramente discriminatorios y violatorios de pactos internacionales y la ley nacional de migraciones Nro 25871, referidos a la prohibición de discriminar negativamente por nacionalidad. Expresiones como “La ciudad de Buenos Aires no puede resolver el problema de vivienda de los porteños y además de gente del exterior”[1], y referirse a la actual Ley Nacional de Migraciones como “una ley de la selva, muy permisiva respecto de la migración: viene la gente y al poco tiempo de estar en la Argentina pide una vivienda, usurpa y después viene el juez Gallardo que obliga al Estado a dar una vivienda"[2], denotan una actitud discriminatoria respecto del acceso a derechos económicos, sociales y culturales consagrados por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la Costitución Nacional por nacionalidad, inadmisible en el marco del Estado de Derecho.

La actual Ley Nacional de Migraciones, reglamentada en mayo del corriente año por el Poder Ejecutivo Nacional, reemplazó a la conocida "Ley Videla", promovida durante la última dictadura militar, que incurría en graves violaciones a los derechos de los migrantes.

La misma resulta un paso fundamental para la entrada en vigencia de la normativa que había sido exigida también por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La reglamentación incorpora el derecho humano a migrar, el acceso a la justicia, la prohibición de expulsiones sin el debido control judicial y la reducción de los supuestos de detención de migrantes que se encuentran en el país. Este nuevo marco legal promueve un cambio profundo en la percepción de las personas migrantes por parte de los actores estatales en general y de las autoridades migratorias en particular.

En este marco de progresividad normativa a nivel nacional en materia migratoria, las declaraciones del Jefe de Gabinete de Ministros, resultan un retroceso, que desde la organizaciones democráticas de la sociedad civil debemos denunciar.

Como Secretaría de Derechos Humanos del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, denunciamos a Horacio Rodriguez Larreta por promover actitudes discriminatorias a través de sus declaraciones. y afirmamos a través de esta presentación los principios de no discriminación por nacionalidad, y la plena vigencia de lo derechos humanos para los hermanos migrantes que habitan en la Ciudad de Buenos Aires y en la Argentina.

Aquí vivo, Aquí voto

2011-03-17T18:05:00.000-07:00

Queremos compartir con ustedes un proyecto que estamos impulsando desde 14bis:

AQUÍ VIVO, AQUÍ VOTO

Las organizaciones abajo firmantes entendemos que todo habitante de la Ciudad de Buenos Aires, no nacido en Argentina y con residencia permanente en el territorio nacional, tiene derecho activo a votar y ser elegido.

Hoy en día, de una población de 340.960 personas con residencia permanente en Argentina y domicilio en la Ciudad de Buenos Aires (11,2% de los habitantes de la Ciudad), solamente se encuentran empadronadas 11.807. Es decir, solo alrededor de un 3% puede participar en la elección de quienes gobiernan y adoptan las decisiones que nos afectan a todos y cada uno de los habitantes, sin importar la nacionalidad de origen.

A diferencia de lo que establece la Constitución porteña, la legislación vigente (Ley 334), al exigirles la inscripción previa en un registro de electores extranjeros y extranjeras limita la posibilidad de votar y participar en igualdad de condiciones que los demás habitantes de la ciudad.

La desinformación y la falta de canales ágiles para la inscripción, son parte de las razones que explican el problema existente.

Por su parte, la ley de comunas prohíbe a quien no ha nacido en Argentina ser elegido como miembro de las Juntas Comunales.

El derecho a elegir y ser elegido es un derecho de todos y todas, que promueve la integración y la cohesión entre los habitantes y profundiza la democracia.

Ante esta situación, desde un espíritu democrático, participativo, plural y de hermandad entre los pueblos, nos proponemos llevar adelante las siguientes tareas:

1. Convocatoria amplia a las colectividades y organizaciones populares a un encuentro que se llevará a cabo el miércoles 23 de Marzo a las 17 hs., en la sede de CAREF, sito en la Av. Alberdi 2236, Barrio de Flores.

2. Campaña de difusión, propaganda y agitación sobre los derechos políticos de los residentes, y la inscripción para ser habilitado al voto: mesas, charlas debate, gacetillas de prensa, spot radiales, etc.

3. Impulso de una reforma legislativa para garantizar el empadronamiento automático y para una reforma de la Ley de Comunas que permita que los extranjeros puedan ser elegidos.

4. Charla pública con representantes de los diferentes bloques de la legislatura de la Ciudad.

5. Presentación judicial (amparo), para exigir al Gobierno de la Ciudad el cumplimiento de sus obligaciones en materia de promoción y difusión del derecho al voto de los residentes, así como la habilitación de sedes alternativas de inscripción.

6. Convocatoria para un empadronamiento masivo (fecha a confirmar).

Red Comunicacional Boliviana en Argentina /

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús

CAREF - Servicio Ecuménico de Apoyo y Orientación a Migrantes y Refugiados-

CELS – Centro de Estudios Legales y Sociales

Asociación Civil Federativa boliviana /

Secretaría de Derechos Humanos CEDYCS – UBA –/

Asociación Civil y Cultural Yanapacuna/

Corriente Política 17 de Agosto

Contacto: aquivivoyvoto@gmail.com

Blog: http://aquivivoaquivoto.blogspot.com/

Jornadas Nacionales de Abogadas

2011-03-17T18:00:00.000-07:00

2011-03-17T17:56:00.000-07:00

Interesante artículo sobre políticas de vivienda publicado en Página 12 por Alfredo Zaiat.

Especulación inmobiliaria

Por Alfredo Zaiat

Una foto ilustra la disputa por viviendas populares a estrenar de familias que habitan en villas miseria, que han sido postergadas por décadas en la periferia más abandonada de la Ciudad. Otra foto muestra el crecimiento vertiginoso de la construcción en los últimos años, con decenas de nuevos edificios en diferentes barrios y el desarrollo comercial en zonas de la Capital que precipitaron un frenesí inmobiliario. Ambas instantáneas son manifestaciones de la política comunal en materia de administración del suelo urbano, donde la especulación, además de la ineficacia, es el principal (des)ordenador de la cuestión habitacional en el área metropolitana.

La deficiencia de la política macrista en el área de viviendas es notable, teniendo en cuenta que no debía invertir mucho esfuerzo para mejorar las mediocres gestiones pasadas. Al asumir la jefatura de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri heredó un plan para licitar 7000 viviendas en un acuerdo con el gobierno nacional. Debía comprometerse a invertir un 50 por ciento de los fondos que aportaría la Nación, en un esquema similar definido con el resto de las provincias. En Capital no se realizó esa convocatoria y el saldo fue que se construyeron muy pocas unidades para grupos sociales postergados. Pero la dificultad para el acceso a la vivienda propia se extiende al resto del país también a sectores medios.

Según un informe del año pasado de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, desde el 2003 en los 24 distritos del país unas 723 mil familias han mejorado o están en vías de mejorar su situación habitacional a través del acceso a una nueva vivienda o el mejoramiento de la que habitan actualmente. Este plan federal fue el más intenso desde el período democrático iniciado en 1983 y recuperó la iniciativa de la administración central en materia de viviendas, tarea que había sido abandonada en los noventa. Ese notable esfuerzo se enfrenta a la existencia de un déficit estructural y condiciones estructurales de mercado que requieren de un abordaje adicional.

El problema de la vivienda forma parte de una realidad social compleja y es estudiada desde varias áreas, desde la economía, la arquitectura, la geografía y hasta las ciencias políticas. Esto requiere de una intervención interdisciplinaria alejada de la receta única. Por eso resulta necesario tomar de cada uno de esos campos de estudio aspectos fundamentales para aproximarse a los conflictos y dificultades en el acceso a la vivienda, que implica debatir la propiedad de la tierra (el uso del suelo), así como también analizar el desarrollo anárquico de las grandes urbes.

Desde la perspectiva económica, uno de los factores centrales es el aumento del valor de las propiedades, que produce varios efectos:

- Pese al aumento del empleo y del poder adquisitivo de los salarios en los sectores medios de la población, esos ingresos son insuficientes para poder adquirir una vivienda vía un crédito hipotecario.

- Si bien las tasas de interés de los préstamos hipotecarios son neutrales o apenas positivas en términos reales según el índice oficial de inflación y negativas, de acuerdo a estimaciones privadas, la relación cuota/salario es insuficiente para conseguir el monto del crédito necesario.

- El alza del precio de las propiedades genera también una suba del valor de los alquileres, que restringe así la capacidad de ahorro para comprar una vivienda, y en otros casos deriva en la imposibilidad de pagarlos y obliga a una mudanza a barrios periféricos.

La actividad inmobiliaria ha tenido un avance sostenido desde el 2003 al ritmo del fuerte crecimiento económico. Las bajas tasas de interés para depósitos en pesos no han sido atractivas para los inversores. Esos capitales se volcaron a los ladrillos, generando un boom de la construcción. El aspecto virtuoso de ese ciclo ha sido el de la generación de empleo y dinamización de actividades vinculadas a la construcción. El otro rostro de esa bonanza es que, pese a la construcción de miles de unidades, se ha agudizado el déficit habitacional en la ciudad. Propietarios de terrenos en barrios donde han vivido dos o tres generaciones de su familia son seducidos con impensadas ofertas de miles de dólares. El alza de los valores que se pagan por esos terrenos, acompañados por un aumento en los costos de la construcción, derivó en una suba significativa en el precio de las viviendas. Esos valores son convalidados por inversores porque las tasas de interés, en el mercado local como en el internacional, son muy poco atractivas. El mercado inmobiliario se convirtió entonces en un espacio de inversión de capitales con una elevada cuota de especulación. Así se va realimentando el ciclo con precios en dólares del metro cuadrado que superan por mucho a los vigentes durante la convertibilidad.

Este auge restringió aún más el acceso a la vivienda de los sectores medios y bajos. La necesidad de contar con terrenos para nuevos emprendimientos urbanos impuso el cambio de destino de muchas viviendas, en especial de las casas alquiladas u ocupadas en forma irregular por personas pertenecientes a grupos sociales vulnerables, lo cual produjo su desplazamiento a la periferia de la Ciudad. A la vez, por el alza de los precios de los inmuebles, aumentó considerablemente también el valor de los alquileres y los requisitos exigidos para calificar como locatario, lo que también excluyó del mercado a los sectores medios y bajos.

En términos globales, según estudios realizados por especialistas en urbanismo, la Ciudad de Buenos Aires tiene 88 mil familias que tienen necesidades de una vivienda social, 150 mil que viven en villas de emergencia, 220 mil en casas tomadas, 60 mil en inquilinatos, 60 mil en hoteles, y 120 mil que se hacinan, viviendo familias enteras alquilando una habitación de una casa. Por otro lado hay otros 600 mil habitantes de clase media y de clase media baja que no son propietarios. En total, se estima en 1.200.000 las personas que necesitan vivienda, ya que 4 de cada 10 vecinos no tienen vivienda propia. Esas cifras no son desconocidas por la gestión de Macri, puesto que similares, aunque con menor desagregación, se encuentran en el sitio web de la Ciudad de Buenos Aires, en el link del Instituto de la Vivienda. El informe se titula “Situación habitacional de la Ciudad”, elaborado a partir de datos de la Dirección General de Estadística y Censos. En ese documento se describe que “la Ciudad presenta una situación de formalización con respecto a la tenencia de la vivienda en la que el 60,7 por ciento de los hogares es propietario de la vivienda y el terreno, un poco más de un cuarto es inquilino y el 11,6 por ciento reside en una vivienda de manera irregular o precaria”. En otro punto del informe se precisa que “si se analiza la distribución de los diferentes tipos de vivienda en que habitan los hogares según zona geográfica, se puede observar que las zonas B y C (sureste de la Ciudad) son las que presentan los mayores problemas, con un 13,1 y 12,2 por ciento de déficit habitacional”.

Esta situación de precariedad habitacional convive con un período extraordinario de crecimiento de la construcción en Capital, unidades nuevas que no tienen ningún impacto sobre esa población necesitada de una casa propia. En el tema de la vivienda, con el déficit habitacional y el precio de los alquileres, se sabe que la improvisación y los parches para obtener respuestas de corto plazo no brindan buenos resultados. Cuando es el mercado, en su más amplia expresión, el que determina la dinámica de funcionamiento de una actividad tan sensible, una estrategia pública subordinada a esa lógica sólo agudiza las contradicciones e inequidades.

Bienvenidos

2011-03-17T17:40:00.000-07:00

Desde 14bis creamos este blog como una herramienta para difundir nuestras ideas, y nuestro compromiso con los derecho humanos. Desde la secretaria de DD.HH del CEDyCS vamos a llevar adelante distintos encuentros, debates y convocatorias abiertas a todo aquel que le interese a participar de las mismas.

Los invitamos también a seguir este blog, para estar al tanto de distintas noticias, artículos y actividades que serán publicadas.

Derechos Humanos - 14bis

Derecho a la Vivienda y Criminalizacion, Carta Publica

Informe del Relator especial sobre los derechos de los Pueblos Indigenas

Los docentes denuncian a Macri

El Poder Judicial busca incorporar la perspectiva de género en la Justicia

Esta semana habrá nuevos talleres para garantizar la igualdad de género en el Poder Judicial

Informe de la relatora de la ONU sobre crisis habitacional en la Argentina

Crisis Habitacional en la Argentina: visita de la relatora de Naciones Unidas.

Prisión perpetua en carcel común para Luis Abelardo Patti

La Argentina ahora es un país más seguro

Víctimas, testimonios, pruebas

Canciones

AQUI VIVO, AQUI VOTO: El miercoles se llevó a cabo el empadronamiento masivo de extranjeros/as

Nota de "Noticias Urbanas"

Sumate a la campaña Aquí vivo, Aquí voto

Más repercusiones

Desde la Secretaría de DDHH del Centro de Estudiantes seguimos impulsando, junto a muchas otras organizaciones de DDHH de la Ciudad, la campaña por los derechos políticos de los residentes extranjeros en la Ciudad.

Les dejamos los links a varios de los medios que hacen referencia a la campaña:

Sigue la campaña Aquí Vivo, Aquí Voto

La Nota

empadronamiento masivo para votar

Residentes extranjeros quieren darle un escarmiento a Macri

Por G.A.

Los inmigrantes quieren votar

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Respuesta del INADI a la denuncia de 14bis

Xenofobia en el diario La Nación

Megamineria y Derecho

La ruta del dinero

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24 de marzo

Este lunes, en la facultad de derecho

Mesa de encuentro contra la dicriminación

Larreta, denunciado por 14bis ante el INADI

Aquí vivo, Aquí voto

Jornadas Nacionales de Abogadas

Especulación inmobiliaria

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